La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 61,3 millones de euros hasta un total de 12 empresas entre las que destacan filiales de Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC, Elecnor y Sacyr, por la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018.
Desde Competencia han remarcado la gravedad de la infracción y de los hechos cometidos que violan el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además de la multa económica que ha impuesto a dichas empresas, la CNMC las ha sancionado con la prohibición de contratar con las administraciones públicas.
La cuantía de las sanciones varía desde los 11,78 millones de euros para API (ACS), que se lleva la peor parte, hasta los 2,6 millones a Audeca (Elecnor), que ha sido la menos perjudicada en este asunto.
En el caso de Aceinsa, inicialmente sancionada con 3,2 millones, la empresa se ha acogido al Programa de Clemencia de la CNMC, por lo que no se le aplica la circunstancia agravante y se verá beneficiada de un descuento del 50% de la sanción impuesta (en total tendrá que abonar 1,6 millones), quedando exenta además de la aplicación de la prohibición de contratar con la Administración.
Según las explicaciones de la CNMC sobre el caso, las empresas sancionadas han sido partícipes de forma sistemática en todas las licitaciones acordadas, restringiendo así el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar.
Según recoge Europa Press, la CNMC ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque ha detectado conversaciones desde 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado.
Asimismo, el importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones de euros, lo que supone el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado.
