El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto a partir de este martes, 1 de febrero, el plazo de solicitud de las dos convocatorias de ayudas para proyectos piloto de comunidades energéticas (programa CE IMPLEMENTA), dotadas con 40 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la ejecución de los fondos Next Generation EU y que aspiran a impulsar 40 proyectos innovadores.

En concreto, el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 1 de marzo, a través de la sede electrónica del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo encargado de la gestión de las ayudas.

El programa CE-IMPLEMENTA se divide en dos convocatorias. La primera destina 10 millones a proyectos de pequeño tamaño que no superen el millón de inversión y con ella se espera promover más de 21 iniciativas innovadoras. La segunda contempla 30 millones para impulsar casi una veintena de proyectos de tamaño mediano o grande, con una inversión superior al millón. Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva y cubrirán hasta el 60% de los costes subvencionables del proyecto, informó el Ministerio.

El gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que esta concurrencia priorizará, por una parte, proyectos multi-componente e innovadores, esto es, que integren instalaciones de diferente naturaleza, combinando energías renovables eléctricas, térmicas, eficiencia energética, movilidad sostenible y/o gestión de la demanda, con objeto de incentivar que se adopten soluciones en sectores más difíciles de descarbonizar.

Por otra parte, se dará especial importancia al impacto social y de género de las comunidades energéticas, la inclusión de consumidores vulnerables como socios o miembros y el desarrollo de proyectos en municipios de reto demográfico y en los incluidos en los convenios de Transición Justa.

COMUNIDADES ENERGÉTICAS.

Las comunidades energéticas son entidades que no buscan una rentabilidad financiera, constituidas para impulsar y facilitar la participación activa de los consumidores en el sistema energético y mejorar la gestión de la energía mediante una gobernanza basada en la participación abierta y voluntaria de sus miembros.

Asimismo, están controladas por socios con vinculación con el territorio, por lo que los beneficios medioambientales, económicos y sociales que aportan revierten de manera directa en el entorno en el que se constituyen.