La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, una reunión urgente para analizar las consecuencias de la guerra en Ucrania y su posible impacto en los trabajadores y servicios públicos.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha insistido este viernes en que se deben proteger "los servicios públicos tradicionales", afectados durante años por las distintas crisis, y ha advertido de que los empleados públicos no deben sufrir las consecuencias de la guerra en sus salarios, todavía sin recuperar el poder adquisitivo.

Para evitarlo, el sindicato iniciará la próxima semana una ronda de contactos con formaciones políticas de las que espera obtener el respaldo para un acuerdo que blinde los servicios públicos ante las posibles medidas económicas que se vayan a tomar en las próximas semanas.

Además, ante el pacto de rentas que plantea el Gobierno, el sindicato ha recalcado que los empleados públicos han perdido en la última década más de un 12% de su poder adquisitivo, agravado ahora con la inflación.

En este sentido, Borra ha asegurado que habrá movilizaciones si el Gobierno toma medidas contrarias a la protección de los servicios y trabajadores públicos.

"Vamos a salir a la calle contra las medidas que tome el Gobierno o los gobiernos autonómicos. Una huelga general sería precipitado plantear, hay que hacer un ejercicio de responsabilidad", ha señalado el presidente del sindicato.

Borra también ha instado al Ejecutivo a "hacer las cosas de otra manera" y ha lamentado que "por no haber tomado medidas, se están produciendo situaciones como las que se están viendo" en el transporte o en la flota pesquera.

Entre sus peticiones al Ministerio de Hacienda y Función Pública, el sindicato ha reivindicado un plan de recursos humanos para reforzar el Estado del Bienestar en la sanidad, la educación, los servicios sociales, la justicia, la Inspección de Trabajo o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

CSIF ha recordado que los fondos europeos para la reconstrucción deben servir para mejorar y garantizar la calidad de los servicios públicos y paliar las necesidades estructurales de las administraciones públicas.