Tras este ajuste de facturas, las eléctricas deberán hacer uno más antes del 1 de octubre. Es el correspondiente al segundo trimestre, si bien este será menor y más complicado de comprobar.

Los usuarios con bono social, sin embargo, no tienen derecho a la devolución.

Este ajuste responde al nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad, que comprende un modelo de cálculo distinto, que elimina el sistema de subastas para basarse en la media de los precios diarios del mercado mayorista durante los meses de facturación.

Las eléctricas deberán devolver a los consumidores 153 millones de euros por haber cobrado de más en el segundo trimestre de este año, según los cálculos que maneja el sector.