La constructora SEOP, que se encuentra inmersa en un concurso de acreedores, ha presentado en los juzgados una propuesta de viabilidad en la que prevé rebajar un 40% su plantilla en cuatro meses, mediante el cierre de sus delegaciones y el cese de actividad en parte de la Península. Fuentes jurídicas informaron a EFE de que la constructora se ha propuesto dejar de operar en Cataluña, Levante, Aragón y Navarra, y mantenerse en el resto de la Península, pero cerrando sus delegaciones.
Ese cierre, además de la liquidación de las obras con los clientes privados, provocará, según cálculos preliminares de la constructora, que su plantilla se reduzca de las casi 1.000 personas que tenía el pasado mes de marzo a unos 600 empleados. La constructora, perteneciente a la multinacional Silver Eagle, también se ha planteado seguir el ejemplo de otras competidoras y dejar de operar en la construcción de vivienda residencial por sus malas perspectivas, centrando sus esfuerzos en obra pública. De este modo, el peso de la obra pública pasaría en unos años del 20% actual al 80%, lo que permitiría una márgenes más abultados y mayor seguridad de cobro. Precisamente, la constructora se vio abocada en marzo a un concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) por los impagos de clientes como Grupo Lábaro, que le adeuda cerca de 10 millones de euros y que a su vez se declaró insolvente al cierre de marzo. De hecho, más del 80% del valor de los bienes y derechos que ostenta SEOP para hacer frente a sus deudas corresponde a su vez a cantidades que les adeudan otras empresas del sector del ladrillo. La constructora cree que un tercio de las cantidades que se les adeudan y que vencen este año y el próximo serán litigiosas, a lo que hay que sumar que previsiblemente no cobrará unos 40 millones de euros sólo en 2008 porque los clientes que le han de pagar esas cantidades se han declarado también en concurso de acreedores. SEOP anunció ayer que ha propuesto a sus acreedores el pago en tres años y sin intereses del 67% de la deuda ordinaria, que asciende a un total de 267,2 millones de euros. La constructora afrontaría el pago de 179 millones de euros en cuatro plazos, de tal forma que al día siguiente de la aprobación judicial del convenio de acreedores desembolsaría el 25%; a los doce meses, otro 25%; a los dos años, un 25% más; y a los tres años, el 25% restante.