Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, dudan de la constitucionalidad de una de las medidas contempladas dentro de la reforma de la nueva ley de negociación colectiva. En concreto, se trata de la imposición obligatoria de recurrir al arbitraje entre empresario y trabajador en caso de conflicto laboral. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha defendido esta vía para la resolución de conflictos sin entrar en el carácter constitucional de la medida.

Durante la semana de conferencias 'El nuevo sistema financiero, las nuevas infraestructuras y el nuevo mercado laboral' organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, los líderes sindicales han mostrado su desconfianza sobre la nueva reforma laboral que deberá aprobar el Congreso después del verano.

El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, asergura que la negociación colectiva 'se adentra peligrosamente en un terreno que es la obligatoriedad del arbitraje'. Según Toxo, 'cuando uno intenta hacer equilibrios corre el riesgo de no contentar a nadie. Esto es lo que ha logrado el Gobierno, ni responde a las bases de acuerdo que estábamos configurando ni da soluciones a las que estábamos llegando. Creo que el decreto lleva en su seno un elemento muy preocupante que es el que puede deteriorar muy seriamente las condiciones de trabajo: por primera vez, se permitirá a las empresas negociar las condiciones a la baja más allá del convenio.'

Toxo recalca, además, la opinión de los expertos consultados por CCOO que consideran que se trata de una medida 'inconstitucional'. Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, en línea con Toxo, sostiene que 'el arbitraje no puede ser obligatorio' dentro de un contexto en el que están paralizados 150.000 convenios colectivos.

Cándido Méndez considera, asimismo, que el 'decreto tiene un contenido profundo y muy desequilibrado'.