Tras incorporar incentivos para la devolución rápida de la ayuda, la Comisión llegó a la conclusión de que el plan francés es apropiado para remediar los graves problemas que atraviesa la economía nacional. Con este sistema, el Gobierno francés pretende resolver los problemas que encuentran las entidades financieras "sanas" para ampliar capital, algo que puede perjudicar a toda la economía francesa. Según el acuerdo alcanzado con Bruselas, la Sociedad francesa de participación empresariales (SPPE, en sus siglas en francés) adquirirá títulos de deuda subordinada emitidos por las citadas entidades, con una remuneración fija para los primeros cinco años y variable posteriormente.
La remuneración media será del 8 por ciento y, según explica la Comisión en un comunicado, reflejará el grado de solvencia de cada entidad, mediante un componente de cobertura frente a impagos (CDS, en sus siglas en inglés), que varía en función del riesgo de no devolución. Aunque en principio el Gobierno francés planea limitar la ayuda a 10.500 millones de euros, se ha establecido un máximo de 21.000 millones de euros.
El mecanismo deja claro que los fondos deben ser utilizados para el objetivo perseguido -aumentar la concesión de créditos a particulares y empresas- y ello será supervisado por las autoridades locales y nacionales. Además, los beneficiarios deberán asumir ciertos compromisos, como la limitación de los sueldos de los ejecutivos y, especialmente, las indemnizaciones para los directivos, que no podrán ser percibidas en caso de abandono voluntario de la entidad o cuando la gestión haya sido defectuosa.
