El Ministerio de Industria prevé resolver a finales de esta semana la petición de Iberdrola de que se suspenda de forma cautelar la resolución de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que autorizó a ACS a ejercer derechos políticos por encima del 3% en la eléctrica.
Aunque Industria tiene de plazo hasta el 28 de marzo, un día antes de la Junta de Accionistas de Iberdrola, el ministro Joan Clos avanzó hoy en el Foro Cinco Días que la decisión se producirá a finales de semana. El pasado 15 de febrero, el Consejo de Administración de la CNE autorizó a ACS a ejercer derechos políticos por encima del 3% en las juntas de accionistas de Iberdrola, excepto en asuntos que afecten a la estrategia competitiva de la empresa, pero estableció que la constructora no podrá designar consejeros ni participar en la gestión. La decisión de la CNE fue recurrida el 21 de febrero ante Industria por Iberdrola, que solicitó también la suspensión cautelar de la autorización concedida por el regulador energético. El departamento que encabeza Joan Clos dispone de tres meses para pronunciarse sobre el recurso de alzada. Como parte del procedimiento, Industria ofreció la posibilidad de presentar alegaciones a ACS y a Unión Fenosa, que tiene a la constructora como principal accionista. ACS presentó sus alegaciones el pasado viernes, pero la eléctrica ha decidido no hacerlo. Aunque Iberdrola presentó su recurso el 21 de febrero, los argumentos se detallaron en un segundo documento remitido dos días después. En ese escrito, la eléctrica pide que Industria aclare algunos aspectos de la resolución emitida por la CNE, en concreto los relativos al nombramiento de consejeros y al ejercicio de los derechos de voto. Iberdrola alega que, a la vista de la resolución del regulador energético, es imposible establecer un listado tasado de materias estratégicas. Además, señala que el mero ejercicio de los derechos de voto en algunos aspectos da a ACS capacidad de influir en la gestión de la compañía. Según la eléctrica, la resolución de la CNE no explica las motivaciones por las que la CNE se ha apartado de los precedentes aplicados al BBVA, que tuvo que elegir entre Iberdrola y Repsol YPF, y a La Caixa, que debió optar entre Gas Natural y Endesa. En esos dos casos, el regulador energético sólo autorizó el ejercicio de derechos de voto por encima del 3% para las decisiones que afectaran al mantenimiento del valor de la inversión, es decir la aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de reparto de dividendos.