La apertura de este procedimiento formal es el resultado de las quejas presentadas ante el Ejecutivo comunitario por varios proveedores de servicios de búsqueda en Internet. Estas empresas han denunciado que sus servicios resultan penalizados en los resultados de las búsquedas gratuitas y de pago de Google
y que la compañía estadounidense favorece sistemáticamente sus propios servicios.
