El asunto en cuestión se remonta a la década de los 90 debido a las ayudas concedidas a nuevas empresas en Euskadi. Por "vacaciones fiscales" se conoce, de hecho, a una exención del impuesto de sociedades durante los primeros diez años de vida de las nuevas empresas establecidas en el País Vasco, créditos fiscales del 45% para inversiones superiores a los 15 millones de euros y reducciones en la base imponible de ese tributo durante los primeros cuatro años que obtuvieran beneficios.
Las primeras medidas fueron aprobadas en 1993 y fueron progresivamente canceladas, hasta desaparecer totalmente en 2000, ante las denuncias e investigaciones abiertas en Bruselas. A estas facilidades, que según la UE constituyen ayudas de Estado incompatibles con las normas comunitarias, se acogieron unas trescientas empresas.
Ahora, Bruselas pide que la multa ascienda a 236.044 euros por cada día que transcurra desde que el Tribunal vuelva a pronunciarse sobre el asunto hasta que España acate la sentencia, y otros 25.817 euros por cada día transcurrido desde la primera resolución, dictada en diciembre de 2006, hasta que se emita la segunda.
El Ejecutivo comunitario, que había declarado ilegales en 2001 las medidas vascas y ordenado su devolución, ya anunció el pasado noviembre su intención de presentar una demanda ante la máxima instancia judicial europea en este sentido, pero no formalizó su petición hasta hace varios días.
