España podría perder hasta 1.000 millones de euros en ayudas regionales europeas por retrasos en la puesta en marcha de los sistemas de control adecuados para garantizar que no haya irregularidades en el uso del dinero. Estos fondos corresponden al año 2007 y el plazo máximo para usarlos caduca el 31 de diciembre de 2009, pero debido a estos retrasos no se han gastado. El Gobierno había pedido a Bruselas un año más de tiempo, hasta 2010, para utilizar los fondos, pero la Comisión ha rechazado esta demanda.