Industria dispone de tres meses, hasta finales de agosto, para resolver el recurso de Endesa, que se presentó la semana pasada.Según Cinco Días, que ha adelantado hoy la noticia, Endesa rechaza tres de las exigencias del regulador energético: la obligación de anticipar el orden del día de los consejos, el derecho de veto a posteriori sobre determinadas decisiones y el hecho de que la compañía sea el instrumento para hacer cumplir dichas condiciones.Endesa entiende que si la CNE ha detectado peculiaridades en Enel debe imponer condiciones a la compañía italiana pero no a todos los accionistas.El pasado 26 de abril, el Consejo de Administración de la CNE autorizó a Enel a elevar su participación en Endesa hasta el 24,9%, aunque fijó una serie de condiciones y limitaciones.Por ejemplo, el regulador energético podrá revocar las decisiones que Enel tome en la eléctrica española si afectan negativamente "al interés general y a la seguridad pública españoles".La compañía italiana deberá informar a la CNE "de manera detallada" sobre la estrategia del grupo Enel en Endesa si afecta a ese tipo de cuestiones.El regulador energético deberá contar con el orden del día de las Juntas de Accionistas y del Consejo de Administración de Endesa y ser informado de los acuerdos adoptados y del sentido y la motivación del voto de sus representantes en los aspectos que influyan en el interés general.A partir de esta información, el organismo que preside Maite Costa podrá ordenar motivadamente la revocación de cualquier acuerdo si estima que puede tener "un impacto negativo" en los intereses generales.En la resolución, la CNE se reserva la potestad de revisar la autorización concedida si la eléctrica italiana logra un control "conjunto" o "exclusivo" de Endesa.Posteriormente, el 3 de mayo, Enel y Acciona notificaron a la CNE su opa sobre el cien% de Endesa y solicitaron autorización para tomar el control de la compañía española.El regulador energético disponía de un plazo de un mes para elaborar su informe vinculante, aunque el reloj se detiene cada vez que la CNE solicita información adicional a las partes personadas en el expediente.