Nueva victoria de ENCE en los tribunales. El Tribunal Supremo ha desestimado los dos incidentes de nulidad presentados por la Abogacía del Estado y el Ayuntamiento de Pontevedra contra la sentencia del mismo tribunal que habilita a que la biofábrica de Pontevedra continúe operativa hasta 2073.
Las decisiones llegan después de que el pasado 7 de febrero el Tribunal Supremo avalase la legalidad de la prórroga de 60 años que se otorgó en 2016, estimando los recursos que Ence y otras entidades interpusieron contra las sentencias de la Audiencia Nacional que, en junio de 2021, dejaron sin validez la concesión para la ocupación de una superficie de 373.524 metros cuadrados de suelo de dominio público y protegido por la Ley de Costas.
El incidente de nulidad aludía a que en el recurso planteado en su día contra la prórroga había cinco argumentos para poner en cuestión la continuidad de Ence. En su día, la Audiencia Nacional admitió ese recurso, pero se limitó a tomar en consideración el primero de ellos, el que aludía al artículo 32 de la Ley de Costas que cuestiona la permanencia de actividades en terrenos de dominio marítimo-terrestre si estas pueden desarrollarse en otras ubicaciones. Según el incidente de nulidad, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo no entraron a considerar el resto de argumentos, provocando lo que los servicios jurídicos del Concello de Pontevedra consideran indefensión de los intereses de la Administración municipal.
Adicionalmente, se aludía también a que en la sentencia no se examinaba la legalidad de la resolución impugnada conforme a las exigencias que impone la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Según la nueva sentencia, del pasado 21 de junio, los magistrados del Supremo confirman su decisión anterior al entender que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental protegido por la Constitución, y además consideran que la Ley de Costas dicta que las concesiones otorgadas confieren derechos solo a los titulares de las mismas y no a otros terceros porque esas concesiones o se reconocían a esos titulares anteriores o se declaran extinguidos, por lo que no procedía la apertura de un proceso de libre concurrencia.
Concello de Pontevedra y Abogacía del Estado, han sido condenados además a abonar las costas judiciales, estimadas en trescientos euros.
“El recorrido judicial parece agotado y los demandantes (Greenpeace, el ayuntamiento de Pontevedra y la Asociación por la Defensa de la Ría de Pontevedra) tendrán que acudir al Tribunal Constitucional para perseverar en su objetivo de cerrar la planta de Ence”, señala Pablo Fernández de Mosteyrín, analista de Renta 4, en una nota. El experto valora que se trata de una “noticia positiva que refuerza la posición de la compañía en este contencioso”, por lo que “esperamos impacto positivo en cotización”.
Las acciones de ENCE suben un 1,03% en el Mercado Continuo hasta marcar 2,95 euros a media sesión. El valor acumula una revalorización de un24% en lo que va de 2023, con la capitalización bursátil por encima de los 725 millones de euros.
Y los analistas de Renta 4 consideran que el valor tiene un potencial alcista adicional de un 81,3%. De hecho, tras esta última victoria judicial reiteran la recomendación de ‘sobreponderar’ con un precio objetivo de 5,35 euros por acción.
