Desde el Gobierno, el propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reiterado en numerosas ocasiones que su principal preocupación ante esta crisis es el aumento del desempleo, que hasta marzo ha situado la cifra de parados en 3,6 millones, que podrían llegar a 4 según los analistas.
Además, España se enfrenta a una recesión que será más larga de lo previsto y que continuará en 2010 como así lo ha estimado el Banco de España y lo admite como posible Solbes.
A este declive se unirá otro problema para Salgado: el fuerte aumento del déficit público, que el Banco de España sitúa en el 8 por ciento del PIB este año y el que viene y que puede aumentar si se deciden nuevas inyecciones para impulsar la economía.
La nueva vicepresidenta segunda se encontrará ya en marcha el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, conocido como Plan E, que engloba las medidas tomadas ante la crisis en torno a cuatro ejes: apoyo a las empresas y las familias, fomento del empleo, medidas financieras y presupuestarias y modernización de la economía.
Salgado ya tiene experiencia en este tipo de gestión. No en vano, Zapatero encargó a su departamento el desarrollo del Fondo Estatal de Inversión Local, aprobado para financiar obras en los ayuntamientos y dar trabajo a los parados de la construcción.
El pasado miércoles la todavía titular de Administraciones Públicas aseguró que este fondo acabará dando empleo a más de 400.000 personas, entre puestos directos e indirectos.
La situación de las cajas y de los bancos y su exposición a los denominados activos tóxicos constituyen otro quebradero de cabeza para la nueva ministra.
Con la intervención de Caja Castilla-La Mancha, la única que hasta la fecha ha sido necesaria en España, ha aumentado el temor a que se produzcan otras, aunque el presidente del Gobierno ha asegurado que serán "limitadas" y "perfectamente abordables" por el Banco de España.
Zapatero ha insistido en cualquier caso en que el sistema financiero español sigue siendo "fuerte y sólido", y Salgado deberá lidiar con bancos y cajas para que mejore el acceso al crédito a empresas y familias, un problema que permanece a pesar de las medidas de apoyo al sector.
Otro aspecto que deberá encarar Salgado es la trasposición de la Directiva Europea de Servicios, la mayor reforma legal de esta legislatura, que ayudará a liberalizar el sector con más peso en la economía española -el 66 por ciento del PIB- y con el que el Gobierno espera que se creen en tres años hasta 200.000 puestos de trabajo y que el crecimiento aumente en 1,2 puntos.
Asimismo, queda pendiente el acuerdo sobre financiación autonómica, del que Solbes ya asumió que las cifras finales posiblemente dejen a todos "razonablemente incómodos".
