El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (TUE) confirmó hoy el grueso de la sanción de 134 millones de euros que la Comisión impuso a España en 2005 por "fraude generalizado" en las ayudas comunitarias concedidas al sector del lino entre los años 1996 y 2000. La sentencia anula únicamente la penalización impuesta por Bruselas por irregularidades en las ayudas a la producción de cáñamo en las campañas 1996/1997 a 1999/2000 porque la Comisión no dio suficientes posibilidades a España para defenderse de las acusaciones.