El Tribunal Supremo hizo pública hoy la sentencia que confirma la decisión de la Audiencia Nacional de sobreseer el denominado caso de las cesiones de crédito contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y tres directivos basándose en una interpretación literal del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr). El contenido de la sentencia establece que la apertura de juicio oral a instancias de la acusación popular y sin la solicitud del Ministerio Fiscal o de una acusación particular es una decisión consciente del legislador. El citado artículo señala que si el Ministerio Fiscal y el acusador particular -que representa a los directamente afectados- solicitase el sobreseimiento, lo acordará el juez, lo que excluye en estos casos, al no mencionarla, a la acusación popular.