El Gobierno aprobó hoy un plan de sostenibilidad de las cuentas públicas, que contempla un recorte del gasto de 50.000 millones de euros para el conjunto de las administraciones públicas entre 2010 y 2013, tras escalar el déficit público hasta el 11,4% del PIB en 2009, casi dos puntos por encima de la estimación inicial del Ejecutivo.
Este déficit se reparte entre un saldo negativo del 9,5% para la Administración Central, un 2,2% de las comunidades autónomas y un 0,5% de los ayuntamientos, frente a un superávit del 0,8% para la Seguridad Social.

Así lo adelantó hoy la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, al término de la reunión del Consejo de Ministros, en la que destacó que el objetivo del Gobierno es situar el déficit público en el 3% del PIB en 2013.

Del recorte del gasto de "casi" 50.000 millones de euros, Salgado señaló que 40.000 millones corresponderán a partidas de gasto de la Administración General del Estado y, el resto, afectará a las demás administraciones. En este punto, aclaró que el Gobierno contempla un superávit de la Seguridad Social hasta 2013.

El recorte del gasto del Gobierno central, añadió la ministra, afectará "a prácticamente todas las partidas y a todas las políticas", con excepción de los gastos sociales, entre los que incluyó las ayudas a la dependencia, las becas de estudio, los 2.500 euros por nacimiento de hijos, la ayuda oficial al desarrollo o la I+D+i. A parte, aseguró que "hay margen suficiente" para hacer un recorte del gasto, por ejemplo en materia de transferencias o de inversiones públicas.

Salgado descartó que el esfuerzo de contención del gasto público contemple la eliminación de algún ministerio, ya que, según dijo, se trataría de una medida que no contribuiría a generar confianza, precisamente el objetivo buscado por el Gobierno con este plan de ajuste presupuestario.

Tampoco está previsto, aclaró, acometer nuevas subidas de impuestos tras el "moderado incremento impositivo" llevado a cabo este año y que empezará a producir efectos, especialmente en lo relativo a la subida del IVA, conforme vaya mejorando la situación económica. "El esfuerzo viene fundamentalmente por la contención del gasto", reiteró.

UN PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO.

Por parte de la Administración General del Estado, Salgado concretó que se pondrá en marcha un "plan de acción inmediata", que afectará al presupuesto para 2010, y otro a medio plazo para los años 2011-2013.

En conjunto, la necesidad de reducción del déficit será de 8,4 puntos porcentuales hasta 2013, si bien, una vez descontados los efectos de la recuperación económica, de la eliminación de las medidas de impulso y el incremento de los intereses de la deuda (1,3%), la minoración del gasto debería ser de 5,7 puntos del PIB, de los que 5,2 puntos porcentuales serán responsabilidad del Estado (40.000 millones de euros).

Concretamente, el Estado hará un ajuste de 1,1 puntos del PIB por el lado de los ingresos --medidas tributarias y acción antifraude--, y de 4,1 puntos por el del gasto, entre los 0,8 puntos ya incluidos en los PGE para 2010, los 0,5 puntos del plan de acción inmediata, 2,6 puntos por el plan de austeridad 2011-2013 y los 0,2 puntos por gasto financiero con efecto en déficit.

El Gobierno contempla en estos años una caída del PIB del 3,6% en 2009 y del 0,3% en 2010, las mismas previsiones que en el últino cuadro macroeconómico. Desde 2011, espera que se inicie una fase de recuperación "más sólida" que se intensificará en 2012 y 2013, con crecimientos del 1,8%, 2,9% y 3,1%, respectivamente.

Si bien, precisó que el Ejecutivo ha incrementado en una décima las cifras de paro para los años 2009 y 2010, hasta tasas del 18% y del 19%, respectivamente. En los tres años siguientes, las tasas serán del 18,4%, 17% y 15,5%.

TODO ARRANCA EN 2010.

Sobre esta base, la vicepresidenta segunda del Gobierno especificó que el recorte ya se inicia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010, en el que se incluyen incrementos tributarios que supondrán un incremento del 1% del PIB en los ingresos y un esfuerzo de austeridad del 0,8% del PIB por el lado del gasto.

Además, el plan contempla una reducción del gasto presupuestado inicialmente para este año del equivalente al 0,5% del PIB. Al respecto, los diferentes ministerios deberán proponer antes del 1 de marzo al Ministerio de Economía y Hacienda los créditos concretos a los que deberá afectar esta restricción. Según precisó Salgado, ya se ha aprobado la no disponibilidad del gasto por importe de 5.000 millones de euros.

Además, durante 2010 la Oferta Pública de Empleo Público se reducirá al 10%, frente al 15% inicial, de la tasa de reposición de efectivos y no se contratará nuevo personal interino.

RECORTES EN EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL.

Para los años 2011-2013, el plan plantea un recorte generalizado del gasto que afectará "a todas las partidas", salvo a pensiones, prestaciones por desempleo y ayudas a la dependencia, educación e I+D+i, con un impacto equivalente del 2,6% del PIB.

Los principales recortes se referirán al gasto de personal (-0,3% del PIB), gastos de funcionamiento (-0,2%), inversiones (-0,5%) y transferencias y otros gastos (-1,6%).

Para hacer efectiva estas medidas, antes del 1 de mayo el Gobierno tiene previsto aprobar un Plan de Reestructuración del Gasto Público que incluirá una "revisión exhaustiva" de todos los programas y políticas del gasto de la AGE y la racionalización de sus estructuras.

En este punto, Salgado resaltó que el Gobierno presentará en el plazo de tres meses un proyecto de reestructuración del sector público empresarial.

Además, la aprobación de cualquier nueva actuación del gasto que se quiera emprender deberá supeditarse a los objetivos del plan, de modo que cualquier medida que propongan los departamentos ministeriales no podrán suponer un aumento neto del gasto. Asimismo, cualquier aumento no previsto de recaudación se dedicará a reducir el déficit.

ACUERDO MARCO PARA LA COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

En el caso del resto de las administraciones públicas, Salgado preció que el Gobierno "no tienen intención de invadir competencias", por lo que propiciará un "acuerdo marco" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "para poder diseñar la senda de reducción del déficit de las comunidades autónomas y corporaciones locales".

En esta línea, el Gobierno propondrá crear un grupo de trabajo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer un seguimiento de estas actuaciones de las comunidades autónomas, que deberán remitir informes trimestrales haciendo balance.

Al respecto, la titular de Economía indicó que confía en que los gobiernos regionales tengan un comportamiento "igual de responsable" que la Administración Central y, en concreto, apeló a que el recorte en el capítulo de personal es "básico" y debe afectar a todas las administraciones.