El departamento de Pedro Solbes considera que la eliminación del Impuesto de Patrimonio, por el que se deberá compensar a las comunidades autónomas, receptoras de estos ingresos, acabará con el "efecto disuasorio" que existía actualmente para los no residentes que adquirían una vivienda en España y que, como consecuencia de ello, se veían obligados a tributar por este gravamen.Al mismo tiempo, justifica su eliminación argumentando que no existe en ningún país de la UE -salvo en Francia- y que nació en 1977 con carácter transitorio y pretendía dos objetivos, redistributivo y censal, que no cumple en la actualidad, dado que grava fundamentalmente el ahorro de las clases medias y la Agencia Tributaria dispone ya de la información que aporta este tributo.Devoluciones mensuales del IVAAdemás de la supresión de Patrimonio, el anteproyecto aprobado hoy recoge la posibilidad de que las empresas que así lo deseen (es optativo) puedan solicitar la devolución mensual del IVA (en el caso de Canarias, el Impuesto General Indirecto Canario) desde enero de 2009, frente a la actual devolución cada tres meses. Hasta ahora, únicamente las empresas exportadoras y las grandes empresas pueden solicitar el ingreso mensual de lo pagado por el IVA.Según Hacienda, la medida beneficiará a 1,2 millones de empresas, pero calcula que alrededor de un tercio (400.000) solicitará este adelanto, lo que supondrá una inyección de liquidez para estas empresas 6.000 millones de euros. La mayoría de estas empresas, según el departamento de Pedro Solbes, serán las que comiencen a realizar una nueva actividad o las que realizan un importante esfuerzo inversor, ya que son ellas las que mayores devoluciones generan.Junto con estas dos medidas, el anteproyecto de Ley recoge también la modificación de la deducción por inversión en I+D+i del Impuesto sobre Sociedades, después de que el Tribunal de Luxemburgo de la UE considerara "discriminatoria" su regulación actual para los países de la UE. Hasta ahora, las empresas españolas sólo podían realizar fuera de España un máximo del 25% de la inversión en I+D+i para tener derecho a la deducción, obligación que ahora se suprime.