El Tribunal de Justicia de la UE tendrá que decidir si los mecanismos de control -la conocida como "acción de oro"- que el Estado portugués conserva en Portugal Telecom suponen o no una violación de la normativa comunitaria
.La Comisión Europea anunció hoy una denuncia ante los jueces comunitarios, al considerar que los derechos especiales que Portugal se reservó cuando privatizó la compañía de telecomunicaciones desincentivan la inversión procedente de otros Estados miembros.Entre los privilegios que Bruselas no acepta figuran la potestad de nombrar a la tercera parte de los miembros del consejo de administración, incluido el presidente, así como el derecho de veto en la elección de los directores y del consejo auditor.El Gobierno también puede participar en otras decisiones corporativas de calado, como la distribución de beneficios, aumentos de capital, emisiones de bonos, apertura de oficinas, cambios en los estatutos y la autorización a empresas competidoras de adquirir paquetes accionariales superiores al 10% del capital.