La Asamblea de Madrid aprobó, con los votos a favor del PP e Izquierda Unida (76 en total) y la oposición del PSOE (39), una nueva Ley de Cajas autonómica que garantiza a la presidenta Esperanza Aguirre el poder mayoritario en todos los órganos de Caja Madrid para los próximos seis años, y que, en principio, debe poner fin al serial de modificaciones legales iniciado a finales de 2008 por el Gobierno regional. Ésta es la tercera reforma en cuestión de seis meses.
Se aprueba así la norma que regirá Caja Madrid, después de que fracasaran todos los intentos llevados a cabo hasta última hora del jueves para alcanzar un acuerdo entre PP y PSOE, que llevó incluso a Aguirre a plantear el tema a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en un encuentro sin publicidad.

Durante la reunión, en la que también se encontraba el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, Aguirre ofreció a Salgado que el PSOE se una al acuerdo suscrito la pasada semana por el PP de Madrid con Izquierda Unida, la federación estatal de banca de Comisiones Obreras, COMFIA, y los impositores independientes.

Sin embargo, no hubo acercamiento y la responsable económica del Gobierno central subrayó el hecho de que este pacto se ha gestado a espaldas de la negociación multilateral que venía desarrollándose entre los partidos y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de Madrid, también discriminados. Asimismo, recordó que el PP no ha aceptado ninguna enmienda parcial de los socialistas sobre el texto a debate, que buscaban ampliar la base de consenso para las decisiones dentro de Caja Madrid.

Las modificaciones a la Ley aprobadas pretenden una adaptación a la legislación estatal y sortear los obstáculos planteados por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la reforma introducida a finales de 2008 en la Ley de Medidas Urgentes, en especial respecto al techo para la representación del Ayuntamiento de Madrid, pero deja intacta la acumulación de poder por parte del grupo mayoritario en la Cámara, es decir, el PP de Madrid.

Así, Aguirre podrá determinar a partir de ahora unos 150 consejeros del total de 320 de los miembros de la Asamblea General de la entidad y 11 de los 21 representantes del consejo de administración.

Además, la nueva norma ahonda en un reparto de consejeros que favorece al PP frente a otros partidos y organizaciones, y a la Asamblea de Madrid, dominada por Aguirre, frente al Ayuntamiento de la capital.

SUPERAR LA INCERTIDUMBRE


El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, explicó, durante la exposición de la norma en el parlamento regional, que esta reforma busca "superar la incertidumbre normativa" existente, con el doble objetivo de adaptar la normativa autonómica a las modificaciones legislación estatal, especialmente la Lorca, y clarificar la dispersa normativa autonómica en la materia.

Beteta explicó que se establece el "criterio de proporcionalidad puro respecto a la cifra de depósitos" para la elección de representantes en nombre de los clientes, al tiempo que "deja perfectamente a salvo la designación de las entidades en noviembre de 2008". Se aplicará solamente a los procesos electoral aún no terminados; de hecho, recordó que frente a las críticas, el informe de la Abogacía del Estado no cuestionó la retroactividad de la ley.

Por otra parte, indicó que el Gobierno está dispuesto a estudiar a medio plazo poder cambiar el establecimiento de 17 circunscripciones y llevarlo a dos circunscripciones, cuando haya seguridad jurídica. El consejero, que señaló que el objetivo es llevar a cabo el proceso electoral el próximo otoño, planteó que "es evidente que el máximo interés del gobierno es un acuerdo de todos para dar la máxima estabilidad a Caja Madrid".

Por su parte, el portavoz de Economía del PSOE, Adolfo Piñedo, lamentó que su formación "ni siquiera" haya sido consultada para elaborar este "tercer parche de la Ley de Cajas". "Ni hemos sido convocados a ningún consenso", destacó, al tiempo que recalcó que el PSOE no está de acuerdo con el acuerdo PP-IU "ni en el fondo ni en la forma".

"El ansia de Esperanza Aguirre por controlar Caja Madrid no es una solución para los problemas de Caja Madrid, es un problema para Caja Madrid. Por eso no será malo si Rajoy interviene en el carajal madrileño", opinó, para pedir a renglón seguido "que se cese la injerencia política en Caja Madrid".

Para el portavoz de IU, Miguel Reneses, "seguro que no es la mejor ley pero es la mejor ley posible", después de un largo recorrido en el que se han limado los aspectos que más incidían en la falta de pluralidad de las decisiones.

Consideró que el acuerdo alcanzado con el PP permitirá "evitar veleidades privatizadoras", al tiempo que garantizará "el diálogo ante cualquier modificación futura". "Quiero decir con rotundidad que la política financiera han sido acordada en el consejo de administración hasta ahora por unanimidad. La Ley y el acuerdo van a mejorar la situación de la caja", auguró.

El portavoz de Economía del PP, Pedro Muñoz Abrines, consideró que el PSOE sufre "un ataque de cuernos" y criticó su voto en contra porque, a su juicio, eso supone rechazar "la posición del Gobierno de la Nación", puesto que la reforma incorpora todas modificaciones señaladas en el recurso de inconstitucionalidad.

ENMIENDAS


La Ley de Cajas sale adelante sin ninguna enmienda a la totalidad, ya que IU retiró la suya al haber llegado a un acuerdo con el PP, que contempla el respaldo de los miembros de la formación en Caja Madrid del presidente que proponga Aguirre para la entidad en sustitución de Miguel Blesa. Además, en el debate en comisión el pasado martes, el PP aceptó varias enmiendas de IU, aunque no las del PSOE.

El PSOE se oponía, por ejemplo, a los puntos de la ley por los que el nombramiento del 51% de las entidades representativas podrá ser decidido por el consejero competente en Cajas de Ahorro en ese momento, actualmente Antonio Beteta, lo que a su juicio puede suponer "colar representación política por la parte de atrás".

Los socialistas también querían que los representantes de los sindicatos se igualen a los de la patronal madrileña CEIM y la Cámara de Comercio sumados, de manera que se equipare la representación de empresarios y sindicatos, y no que éstos sean la mitad que aquellos, como supondrá la aplicación de la Ley aprobada.

Asimismo, para evitar la sobrerepresentación de las universidades privadas, que entran ahora como representantes de la sociedad civil, abogaban por que la representación de las universidades se hiciera en función del número de matriculaciones en cada una de ellas.

Todos los cambios promovidos por la Puerta del Sol dependen en realidad del devenir del recurso de inconstitucionalidad, puesto que mientras se mantenga la suspensión de la norma autonómica no podrá seguir adelante el proceso electoral que el Gobierno regional quiere terminar este mismo año para la renovación de cargos, incluido el presidente.

El nuevo texto, en el que se arrincona nuevamente al PSOE, UGT y Comisiones Obreras de Madrid, fija el reparto de los consejeros que quedarán libres si, como ya es tradicional, el Patronato Real cede a sus representantes.

Según prevé el legislador autonómico, estos consejeros irán a parar a tres de los sectores: las entidades representativas, los empleados y la Asamblea. Quedan por tanto excluidos ayuntamientos e impositores.