La Corte Suprema de Estados Unidos asesta este viernes un golpe decisivo a la política comercial de la Casa Blanca y declara ilegales los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump al amparo de una ley diseñada para emergencias nacionales. El fallo, adoptado por seis votos contra tres y redactado por el presidente del tribunal, el juez conservador John Roberts, invalida uno de los pilares económicos del segundo mandato republicano.
El tribunal confirma así lo resuelto por instancias inferiores y determina que el uso de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) —una norma de 1977— excede la autoridad presidencial cuando se emplea para imponer gravámenes generalizados sin aval del Congreso.
En su opinión, Roberts sostiene que el presidente debe señalar una “autorización clara del Congreso” para justificar una medida de tal magnitud. Y concluye que en este caso no puede hacerlo.
La Constitución como límite
La decisión reafirma un principio estructural del sistema estadounidense: la facultad de establecer impuestos y aranceles corresponde al Congreso. Aunque la IEEPA permite al presidente regular el comercio en caso de emergencia nacional, la ley no menciona explícitamente la potestad de imponer aranceles.
Trump se convierte en el primer mandatario en utilizar esa norma con ese fin. Históricamente, la IEEPA se emplea para sanciones económicas o congelamiento de activos, no para rediseñar el esquema arancelario global.
Repercusión inmediata en la economía
El impacto es potencialmente multimillonario. Economistas del Penn-Wharton Budget Model estiman que los aranceles aplicados bajo la IEEPA ya recaudan más de 175.000 millones de dólares. Con el fallo en contra, ese monto podría quedar sujeto a devoluciones.
La Oficina Presupuestaria del Congreso calcula que, de mantenerse vigentes, los aranceles actuales podrían generar alrededor de 300.000 millones de dólares anuales durante la próxima década. En el ejercicio fiscal 2025, los ingresos netos por derechos de aduana alcanzan un récord de 195.000 millones.
En los mercados, la sentencia introduce un giro relevante: reduce la discrecionalidad ejecutiva en política comercial y obliga a recalibrar proyecciones fiscales, inflacionarias y de comercio exterior. Operadores y analistas evalúan ahora el alcance real del fallo y la velocidad con la que el Ejecutivo pueda reaccionar.
La respuesta de la Casa Blanca
Antes de conocerse la decisión, Trump anticipa que, si la Corte falla en su contra, desarrollará un “plan dos”. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y otros funcionarios aseguran que el Gobierno explora otras bases legales para sostener la mayor cantidad posible de aranceles.
Entre ellas figuran disposiciones que permiten imponer gravámenes por razones de seguridad nacional o en respuesta a prácticas comerciales consideradas desleales por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
Sin embargo, ninguna de estas alternativas ofrece la amplitud y rapidez que brindaba la IEEPA. La sentencia, en definitiva, no solo delimita el poder presidencial: reabre el debate sobre el equilibrio institucional en la mayor economía del mundo y marca un punto de inflexión en la arquitectura del comercio global.
