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Los números son difíciles de ignorar. En junio de 2020, cuando comenzaba a implementarse el Ingreso Mínimo Vital, la prestación llegaba a unos 50.000 hogares y 145.000 personas. Los últimos datos disponibles, correspondientes a julio, elevan el número hasta 879.225 hogares y 2.682.646 personas. Prácticamente 2,7 millones de españoles viven en hogares cubiertos por el IMV. La nómina mensual asciende a 473,3 millones de euros y la prestación media es de 504,5 euros por hogar.
Fuente: Carlos Arenas Laorga, con datos de la Seguridad Social
En apenas un año hay 126.756 prestaciones activas más, un aumento del 16,9%. Y el número de beneficiarios ha crecido en 383.646 personas, un 16,7%.
Por tanto, sería tramposo presentar el aumento de beneficiarios como una demostración del éxito económico español. Un hospital puede presumir de atender mejor a sus pacientes. Sería bastante más extraño que presumiera de tener cada año más enfermos. Y, curiosamente, es lo que hace el Gobierno.
Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 25,7% de los españoles estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025.
Vamos, que uno de cada cuatro españolesestá en riesgo de pobreza o exclusión. Además, el 8,1% sufre carencia material y social severa.
Hay otro dato especialmente duro, al menos, desde mi punto de vista. Casi el 41% de los beneficiarios actuales del IMV son menores: cerca de 1,1 millones de niños y adolescentes.
No sorprende demasiado cuando se compara con las estadísticas de pobreza infantil. En 2025, el 33,8% de los menores españoles estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. Son alrededor de 2,65 millones de niños. El peor dato de la Union Europea.
El IMV tiene sentido como red de último recurso. Una persona que no puede pagar la comida o el alquiler necesita una solución. Pero una política contra la pobreza debería juzgarse por su capacidad para conseguir que quienes entran en esa red puedan terminar saliendo de ella.
La Comisión Europea señalaba que en 2024 las transferencias sociales distintas de las pensiones reducían el riesgo de pobreza un 23,9% en España, frente al 34,2% de media europea. En pobreza infantil, la distancia era todavía mayor: un efecto reductor del 20,2% frente al 41,9% europeo.
Es mísero acostumbrarnos a que el IMV sea cada vez mayor. No por no ayudar a quienes lo están pasando mal, por descontado. Pero que nos colguemos medallas políticas por aumentar el número de gente necesitada es casi un contra sentido.
Un país próspero no debería aspirar a batir récords de prestaciones, sino a batir récords de personas que dejan de necesitarlas. La red debe estar cuando alguien cae. El objetivo económico debería ser que cada vez menos ciudadanos tengan que utilizarla.
Quo vadis, España?
