Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados del Informe de fiscalización de la actividad de estas unidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) entre 2004 y 2005, Núñez propuso que se haga una "nueva relación" de trabajadores de la Agencia Tributaria que tenga en cuenta las "circunstancias de los últimos tiempos".

No obstante, matizó que las reformas que está llevando a cabo la Agencia están contribuyendo a "eliminar las debilidades" del sistema detectadas en los últimos ejercicios, a pesar de que no se ha revisado el criterio del censo de grandes empresas, que ha sufrido un "incremento muy grande" en los últimos tiempos, así como en el volumen de las operaciones.

El documento presentado por Núñez revela que en el 37% de las declaraciones erróneas correspondientes al ejercicio 2004 y en el 42% de las del ejercicio 2005, Hacienda no remitió ningún aviso a las empresas. A su vez, aproximadamente el 15% de los requerimientos que sí se enviaron relativos al ejercicio 2004 no fueron contestados, sin que ello motivara "actuación posterior alguna" por parte de la Administración.

Asimismo, en el análisis de las declaraciones periódicas del IVA y de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF se observa que se dio un "porcentaje significativo" de declaraciones sin actuaciones de comprobación durante un plazo superior a 6 meses, encontrándose caducados en un "número reducido de casos" los procedimientos iniciados.

Al comparar los dos ejercicios de referencia, el Tribunal señala que actuaciones de control realizadas en el año 2005 alcanzaron el 130,32% del objetivo estimado, si bien este último era inferior en un 37% a los resultados de 2004. Asimismo, las actuaciones realizadas en 2005 fueron inferiores en un 17,49% con respecto a las de 2004, debido a la disminución de las actuaciones preventivas y correctivas referentes a la presentación de estas declaraciones.

"DESVIRTUA" EL CONCEPTO DE GRAN EMPRESA.

El máximo organismo fiscalizador incide también en la necesidad de una "revisión general" de los criterios de adscripción de "obligados tributarios" a las Unidades de Gestión de Grandes Empresas, fijado en función del volumen de operaciones del ejercicio inmediato anterior, cuando aquél estuviese por encima de 6,01 millones de euros, habiéndose mantenido invariable el citado límite desde su creación en 1992.

Para el Tribuna, esto ha "desvirtuado" la noción de gran empresa, a efectos de su control especializado por parte de las Unidades de Gestión, y ha contribuido al excesivo crecimiento del censo de obligados adscritos a las referidas Unidades Regionales, que se ha triplicado en un periodo de 10 años.

Precisamente por este motivo estima que las dotaciones de personal en las Unidades de Gestión de Grandes Empresas es insuficiente, sobre todo para las Unidades Regionales de menor dimensión, que ni siquiera tienen cubiertos todos los puestos de trabajo adscritos a las Unidades.