En el caso de la Unión Europea, los acuerdos anteriores a las reuniones clave pueden convertirse en papel mojado con mucha rapidez, sobre todo, cuando se tienen que acompasar los intereses de las grandes familias políticas, con los nuevos bloques regionales que abarcan desde los frugales del norte (Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Austria), hasta los periféricos (Portugal, España, Italia, Grecia, etc.), pasando por el siempre inescrutable Grupo de Visegrado (Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa). Con la sensación adicional de que la capacidad de influencia del eje franco alemán, esencial en cuestiones sometidas al derecho de veto, es cada vez más líquida.

En esta tesitura, durante el fin de semana no sólo se pretenden cerrar los detalles del plan de reconstrucción europeo (Next Generation UE), sino además el marco financiero plurianual (MPF) para el período 2021-2027 y, por tanto, el esquema de financiación de la UE para la próxima década. De momento, los movimientos de las últimas semanas parecen anticipar grandes dificultades para cerrar un acuerdo positivo para la región antes de las vacaciones, pues el MPF está sometido a derecho de veto y, por tanto, un solo país puede bloquear los acuerdos. Entendiendo por positivo un plan de reconstrucción con elevada potencia de fuego, con capacidad de redistribución hacia los países más afectados por la pandemia, con un adecuado reparto entre créditos y transferencias, con una condicionalidad ajustada a la realidad actual y con agilidad para que el dinero se reparta rápidamente. La sensación es que, según se han ido reabriendo las economías, la asimetría en la recuperación se va a convertir más en un obstáculo que en un acicate para alcanzar un mínimo común denominador que beneficie a todos. Algo difícil de entender, pues podemos pasar sin solución de continuidad del Gran Confinamiento a la Gran Fragmentación, pues hasta la potencia de fuego del BCE tiene un límite.

Como recordaba el Comisario Europeo de Economía, a raíz de la publicación de las previsiones de la Comisión, el problema estriba en que mientras los países periféricos van a experimentar caídas de entre el 10% y el 12% de su actividad en 2020, en el caso del norte de Europa se limitarán al 5%/6%. Y, todavía más importante, mientras el segundo grupo de países prácticamente recuperarían los niveles de PIB de antes de la crisis a finales de 2021, probablemente el sur de Europa tendrá que esperar hasta 2023. Esta asimetría del impacto de la crisis por países, regiones, sectores e, incluso, grupos de edad, implica que las medidas transversales que han funcionado bien en una primera etapa deben dar paso a un enfoque que sea capaz de discriminar mucho más, como esta misma semana demandaba Lagarde, con el objetivo de que la recuperación sea rápida, firme y uniforme.

Consolidación fiscal

Porque, aunque muchas veces se nos olvide, el proyecto de construcción europea sólo funcionará si aumentan los niveles de convergencia tanto en términos nominales, como en términos reales. Y eso implica, sendas adecuadas de consolidación fiscal de cara al medio plazo, pero también un tratamiento adecuado de los "shocks asimétricos". De momento, lo que parece claro es que actuar con rapidez ayuda a mejorar la eficiencia de las medidas de política económica. Pues, mientras el BCE incluso está reduciendo las compras de deuda pública en las últimas semanas, según el riesgo de fragmentación se va reduciendo, queda un largo trecho hasta que se active el plan de reconstrucción. Con el riesgo adicional de que se puede producir un "fiscal cliff" en la última parte del año y principios de 2021, si se van retirando las medidas fiscales temporales.

¿Dónde se concentran las discrepancias de cara al fin de semana? Para empezar, no hay acuerdo en el tamaño del plan de reconstrucción y del marco presupuestario para 2021/2027. Tampoco en la operatividad del fondo, pues los países del norte pretenden que los desembolsos se aprueben con la unanimidad de los 27 países presentes en el Consejo, frente al diseño inicial en el que la Comisión Europea sería la encargada de aprobar la entrega de los fondos. Aunque, todos somos conscientes que los dos mayores obstáculos serán la combinación entre préstamos y transferencias de las ayudas y la condicionalidad que llevarán aparejada los créditos.

El resultado final podría aproximar el tamaño del fondo a los 700.000 millones de euros, situar el volumen del presupuesto en los 1,074 billones de euros (1,093 billones en la actualidad), aumentar el peso de los créditos respecto a las propuestas iniciales e incrementar la condicionalidad macroeconómica (con fijación de sendas de consolidación fiscal. A lo que habría que añadir la guinda de algún cheque de compensación para los países que son contribuyentes netos. La ventaja es que la presidencia europea corresponde este semestre a Alemania, lo que puede contribuir a limar las asperezas de las últimas semanas, pues, como muchas veces ocurre en el ajedrez, unas tablas a tiempo evitan desgastes innecesarios.

Bankia Estudios