El Tribunal Constitucional con sede en Karlsruhe se ha pronunciado sobre una demanda puesta por empresarios y académicos alemanes en contra del programa de compra de activos del BCE puesto en marcha en marzo de 2015 (PSPP). Un programa que permitió al BCE atender a sus objetivos de política monetaria, al responder al riesgo de deflación en la UEM y, sobre todo, diluir la fragmentación que puso en peligro el futuro del euro. Las compras de deuda pública realizadas por el BCE bajo el PSPP ascienden a 2,2 billones de euros, que se reparten entre países atendiendo a la clave de capital (peso económico) con límites de compras del 33% por emisión y emisor. El resultado es que el BCE tiene en cartera bajo este programa más de 530.000 millones de deuda pública alemana, 390.000 de deuda italiana y unos 270.000 millones de euros de deuda española. Como consecuencia de todo ello, el tamaño del balance de la autoridad monetaria europea ha pasado de representar un 20% del PIB de la región a cerca del 50% en la actualidad.
Lo que el Tribunal Constitucional alemán considera es que el BCE se ha extralimitado en su mandato y le exige demostrar que los beneficios perseguidos con la compra de deuda pública superan sus efectos negativos, tanto en lo referente a los ahorradores, como a la política fiscal o a la sostenibilidad de empresas inviables. Es decir, no se pone en cuestión el programa (no considera que se haya financiado encubiertamente a los estados), pero sí la proporcionalidad de las intervenciones y, sobre todo, los efectos secundarios. Es decir, se cuestiona si el BCE ha cruzado la cada vez más difusa línea entre política monetaria y política fiscal. En este sentido, concede tres meses de plazo para que la autoridad monetaria europea demuestre que los volúmenes y la extensión del QE no han sido desproporcionados. En caso contrario, se mostraría incapaz de afirmar que la actuación del BCE respeta su mandato y podría obligar al Bundesbank a permanecer fuera de esta operativa.
Para más inri, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló hace dos años la actuación del banco central, lo que implica que el Constitucional alemán no se quedó satisfecho con la valoración que hizo el TJUE sobre dicho principio de proporcionalidad. Por tanto, con esta actuación, el Tribunal Constitucional alemán genera amplias dudas, tanto sobre los grados de libertad del BCE en momentos como los actuales, como sobre la primacía legal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, abriendo la posibilidad de años de retos legales para el más alto tribunal de la UE (se pueden denunciar los nuevos programas del BCE, como el Comentario Semanal 08 de mayo de 2020. Además, se producirá una mayor exigencia de responsabilidad de los órganos constitucionales, autoridades administrativas y tribunales internos de los Estados miembros, ante actuaciones que provengan de la UE.
De momento, la respuesta del BCE ha sido respetuosa y cauta, al asegurar que "toma nota" del dictamen, aunque se remite al fallo del TJUE que avaló en su momento las medidas. Y, sobre todo, el BCE destaca el valor de la independencia de los bancos centrales y la rendición de cuentas realizada a través de los numerosos análisis realizados por la institución sobre los efectos de sus decisiones en las variables económicas y financieras.
A partir de ahí, el BCE se puede escudar en esa abundante investigación económica publicada o utilizar al Bundesbank para dar las explicaciones pertinentes. Algo que no debería ser complicado. Lo que sí es cierto es que todo lo que suponga limitar la capacidad de actuación del BCE, en unos tiempos en los que los países afectados por el Covid-19 van a tener que hacer frente a un enorme esfuerzo presupuestario, supone un factor claro de riesgo de tensión en los mercados de deuda pública (aunque la respuesta de esta semana en los bonos italianos ha sido muy moderada). Pero, también, hay que ser conscientes de los problemas que conlleva el que un banco central esté asumiendo funciones que no le corresponden por incomparecencia de los gobiernos a la hora de tomar decisiones de política fiscal.
Si, como parece, a corto plazo va a ser necesario un aumento de las compras (los 750.000 millones de PEPP probablemente se agotarán en octubre) y mayor flexibilidad en las adquisiciones por países, no está clara, especialmente en el último punto, la unanimidad del Consejo. Y, si ya especulamos con la posibilidad de que el aumento de la deuda pública en Europa a raíz de la pandemia (¿15 p.p. de PIB?) termine sedimentándose en el balance de la institución con sede en Franckfurt, las disensiones pueden ser importantes. Pues ya se sabe, también en política monetaria, es tan importante alcanzar la cima, como gestionar el posterior descenso.
La respuesta europea y global al aumento del endeudamiento que provocará, tanto la crisis como los necesarios planes de reactivación, va a determinar el futuro de nuestras economías. Si no fuera suficiente con algunas excéntricas propuestas que incluyen, de forma más o menos soterrada, los impagos generalizados, ahora tenemos a los Tribunales alemanes poniendo palos en las ruedas de los programas del BCE que salvaron al euro después de la última crisis y, de paso, cuestionando al propio Tribunal Europeo de Justicia. El torpedo lanzado por el Tribunal Constitucional alemán va a la línea de flotación de la posible mutualización indirecta de la deuda europea, una vez taponada la vía directa a través de los eurobonos. Esperemos que todo este debate no termine afectando a la estabilidad financiera, objetivo prioritario para el BCE a partir de ahora.
