El sector pesquero ha vuleto a solicitar al Gobierno que incluya a la flota de altura española entre los beneficiarios del descuento de los 20 céntimos de euro por litro de gasoil, al igual que tienen derecho a él los ciudadanos y los sectores económicos, entre ellos las flotas nacionales del sector pesquero, para hacer frente a la crisis de los costes de explotación que ha provocado el conflicto bélico en Ucrania y, en especial, los derivados del encarecimiento de los combustibles.

A juicio del sector, representado por Cepesca, la no inclusión de esta flota está contribuyendo a su debilitamiento y, consecuentemente, a la de la soberanía alimentaria, en favor de otras terceras que, paradójicamente, sí pueden beneficiarse de esa bonificación si repostan en instalaciones españolas.

Se da la circunstancia, además, de que esta flota, que opera en aguas de otros países de la UE, de terceros países y caladeros internacionales, no tiene derecho, según explica el sector, a esta bonificación, aunque el suministrador sea una empresa española y en la factura de la operación refleje dos Códigos de Identificación Fiscal (CIF) de España.

A pesar de los intentos por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de convencer a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de que los buques españoles que realizan el suministro de gasoil fuera de España deben recibir el descuento, la AEAT está interpretando que el Real Decreto Ley no incluye a las tomas realizadas por los buques españoles en el extranjero, según explica Cepesca.

Por ello, el sector urge al Gobierno que de instrucciones a la AEAT para que incluya a estas flotas y, si esto no fuera posible, que adopte una medida "apremiante" de apoyo a esta flota, tal como manifestó, según explica Cepesca, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en su defensa del RD/Ley 6/2022 del pasado 29 de marzo, en el Congreso de los Diputados, sobre la posibilidad de tomar medidas adicionales que fueran necesarias.

El sector también ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos a introducir enmiendas que contemplen y corrijan esta situación en la tramitación de la ley de forma retroactiva.