España se ha convertido en el primer país europeo en priorizar la reutilización de aparatos electrónicos y eléctricos (AEE) frente a su reciclaje. Con la nueva legislación, a partir del año que viene los fabricantes de tecnología deberán reacondicionar una parte de todos los dispositivos que produzcan en nuestro país.

En concreto, el Gobierno se ha marcado como objetivo, la reutilización del 3% de los productos informáticos y pequeños electrodomésticos y, del 2% en el caso de grandes aparatos eléctricos para el próximo año, que se incrementará al 4% y el 3% respectivamente a partir de 2018. Aunque se trata de un pequeño porcentaje de toda la tecnología que se fabrica en España, nuestro país se posiciona como un referente en el reacondicionamiento de productos tecnológicos para el resto de Europa.

“La reutilización de aparatos tecnológicos se ha convertido hoy en día en la única alternativa frente a un sistema de reciclado ineficaz para reducir los niveles de basura electrónica. Hay que recordar que este es el residuo que más crece actualmente en España, en torno a un 20% cada año”, señalaThibaud de Larauze, CEO de Back Market.

Precisamente, ese crecimiento en el volumen de basura electrónica, sumado al fraude y a los elevados costes que se dan en el proceso de reciclaje de estos productos en nuestro país, ha llevado a las instituciones a buscar alternativas para reducir la producción de estos residuos. El Gobierno español ya introdujo cambios el año pasado en la ley sobre el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en España, para anteponer la reutilización de los aparatos electrónicos frente a los procesos de reciclaje. El principal objetivo de estos cambios es fomentar un consumo más eficiente de los aparatos tecnológicos, alargar su vida útil y frenar el crecimiento de la basura electrónica.

“La nueva legislación supone un avance importante, aunque no es suficiente si no se persiguen las prácticas ilegales que convierten en deshechos, aparatos que podrían seguir utilizándose, o si no se crea una ley contra la obsolescencia programada, que castigue a los fabricantes que limitan la vida útil de sus productos de forma premeditada”, declara de Larauze, que además apunta a que en Francia ya se castiga a las empresas que llevan a cabo estas prácticas, con penas de hasta dos años de prisión y multas de 300.000 euros.

Desde Back Market recuerdan que casi la mitad de los países miembros de la UE no cumplen estrictamente con la regulación establecida por la Directiva WEEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) sobre el tratamiento de estos desperdicios y, las sanciones que se imponen por el incumplimiento de la ley no son suficientemente duras. Por ello, la Unión Europea ya tiene previsto endurecer los objetivos para potenciar la reutilización de productos tecnológicos como alternativa al reciclaje en todo el continente.