MADRID, 28 MAY. (Bolsamania.com/BMS) .- “El Gobierno de España no ha tomado medidas suficientes para mitigar el impacto de la crisis de vivienda y de deuda que viven los grupos vulnerables en el país”. Así comienza un informe publicado hoy miércoles por Human Rights Watch (HRW), organización internacional independiente dedicada, en sus palabras, “a la defensa y la protección de los derechos humanos”. En el informe de 88 páginas titulado “Sueños rotos: el impacto de la crisis de la vivienda en España sobre los grupos vulnerables”, HRW documenta las adversidades que afrontan las familias que pierden su hogar después de incumplir los pagos hipotecarios. “El sueño de tener casa propia se ha convertido en una pesadilla de ejecuciones hipotecarias, desahuicios y sobreendeudamiento”, comenta Judith Sunderland, investigadora senior para Europa Occidental de la organización.

HRW señala que el derecho internacional impone a los Gobiernos la obligación de instituir políticas y legislaciones que garanticen el derecho a una vivienda adecuada y considera que España ha fracasado en este asunto. “Las autoridades españolas deben adoptar medidas para ayudar a un mayor número de personas y familias a evitar los desahucios, asegurar una vivienda asequible y garantizar el acceso a la reestructuración equitativa de la deuda, su alivio e incluso su cancelación”, afirma HRW. Además, señala que “el Gobierno debe actuar con rapidez para reformar la ley de insolvencia en España para proporcionar una vía de acceso equitativo a la liberación de la deuda. La Comisión Europea debería supervisar que España haga efectiva una reciente directiva de la UE sobre las hipotecas”.

Asimismo, la organización critica la imposibilidad de declararse en quiebra en España, “lo que significa una deuda abrumadora que les acompañará hasta la tumba”. HRW insiste en que las personas con niveles extremos de deuda deben tener la posibilidad de una segunda oportunidad.

“Los Gobiernos deben ser juzgados por cómo manejan las consecuencias humanas de la crisis económica, no sólo por los indicadores macroeconómicos”, afirma Sunderland, que concluye que “el Gobierno español tiene que revisar seriamente sus políticas y tener en cuenta un espectro más amplio de personas en situación de exclusión social por impago de las hipotecas”.

J.M.