La sanción se produjo el pasado 11 de febrero, luego de que en julio de 2015, la contructora solicitara la liquidación de dicho contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Comunidad de Madrid. La cantidad reclamada correspondía al pago de las inversiones efectuadas hasta la fecha y que ascendían a 238.943 millones de euros a la que se añade una cantidad por daños y perjuicios de 46.503 millones de euros.