De esta cifra, 28.000 millones – un 13% - corresponden a activos dudosos.
El Banco de España obliga a que, además de esta cantidad, las entidades tengan que registrar también como inversión potencialmente problemática y, por tanto, dotar con las correspondientes provisiones, los activos adjudicados en pago de deudas, así como los créditos normales sometidos a vigilancia especial por alguna debilidad observada, a pesar de seguir al corriente de pago.
