Supremo condena a Ernst & Young a pagar más de 4 millones a afectados de PSV
El Tribunal Supremo ha responsabilizado a la auditora Ernst & Young de los daños que sufrieron los afectados por la quiebra de la cooperativa PSV y ha condenado a la firma, al auditor y la aseguradora a pagar a unos 700 perjudicados más de 4 millones de euros, entre cantidades reclamadas e intereses legales.
En una sentencia fechada el pasado 14 de octubre, a la que hoy ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sostiene que la negligente auditoría realizada por Ernst & Young propició que los cooperativistas ignoraran la situación de PSV y les impidió reaccionar.
La firma ha anunciado que recurrirá la decisión del Supremo porque asegura que "los informes de auditoría no tuvieron relevancia alguna en la toma de decisiones por parte de los gestores o de los propios cooperativistas".
En cambio, el alto tribunal considera que aunque la auditoría no fue la causa principal de que la cooperativa quebrara y no pudiera entregar las viviendas a los socios "contribuyó a ese resultado, pues privó a éstos de la necesaria información sobre la imagen fiel del patrimonio y situación financiera" de la cooperativa.
También sostiene que, en el caso de que hubieran tenido acceso a esa información, "habrían modificado su actitud ante la cooperativa sustituyendo sus periódicos asentimientos sobre las cuentas presentadas por una reacción ante lo que no era más que una gestión social irregular que, de modo irremisible, llevaba a la sociedad a la situación económica causante del objetivo incumplimiento de los compromisos".
En una sentencia fechada el pasado 14 de octubre, a la que hoy ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sostiene que la negligente auditoría realizada por Ernst & Young propició que los cooperativistas ignoraran la situación de PSV y les impidió reaccionar.
La firma ha anunciado que recurrirá la decisión del Supremo porque asegura que "los informes de auditoría no tuvieron relevancia alguna en la toma de decisiones por parte de los gestores o de los propios cooperativistas".
En cambio, el alto tribunal considera que aunque la auditoría no fue la causa principal de que la cooperativa quebrara y no pudiera entregar las viviendas a los socios "contribuyó a ese resultado, pues privó a éstos de la necesaria información sobre la imagen fiel del patrimonio y situación financiera" de la cooperativa.
También sostiene que, en el caso de que hubieran tenido acceso a esa información, "habrían modificado su actitud ante la cooperativa sustituyendo sus periódicos asentimientos sobre las cuentas presentadas por una reacción ante lo que no era más que una gestión social irregular que, de modo irremisible, llevaba a la sociedad a la situación económica causante del objetivo incumplimiento de los compromisos".
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