Es comprensible el nerviosismo que genera el tema, dado que las cifras más recientes correspondientes a los nueve primeros meses del año y de acuerdo a la liquidación mensual que realiza la CNE (Comisión Nacional de la Energía), muestran que próximos a acabar el ejercicio las cuentas de la deuda generada por el sistema eléctrico siguen sin salir:
Endesa: 6.800 millones de euros
Iberdrola: 3.200 millones de euros
Gas Natural: 1.300 millones de euros
EDP: 532 millones de euros
Adicionalmente se da la situación de que los 9.200 millones que ha logrado colocar el FADE (Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica) están claramente por debajo del objetivo de colocación. El FADE no está logrando canalizar la deuda eléctrica a la velocidad requerida (aunque sí a unos tipos razonables) y las colocaciones a inversores institucionales fuera de subasta han sido prácticamente testimoniales, mostrando la falta de cliente final que debería ser prioritario en este tipo de vehículos.
Una quita o reestructuración del sistema cambiando las reglas a mitad del partido no solamente no resuelve el problema sino que añade inseguridad jurídica y desincentiva la inversión. Frente a dicho abordaje, que no pensamos que vaya finalmente a ver la luz, parece más razonable que el nuevo gobierno intente contener el déficit de tarifa mediante la reducción de costes (extendiendo la vida útil de las nucleares, reducción de las ayudas al carbón, revisión del bono social eléctrico) y el ajuste de tarifas.
Es pronto en cualquier caso para saber cual será la política a seguir, pero sin duda el sector es muy sensible a cambios normativos de este tipo, que podrían incluso llevar a recapitalizar vía ampliaciones de capital alguna de las eléctricas, situación nada deseable para los actuales accionistas.
