Ryanair ha asegurado que no tiene ningún inconveniente en pagar las multas derivadas del incumplimiento de la regulación existente, siempre que se haya completado el correspondiente proceso legal, pero considera que muchas de ellas son "ilegales" y "arbitrarias", tal y como afirmó la aerolínea en un comunicado.


Asimismo, la compañía negó las acusaciones de intento de chantaje al Gobierno por la carta privada enviada por el presidente de Ryanair, Michael O'Leary a Miguel Sebastián. En ésta solicitaba una revisión de las sanciones y advertía de la posibilidad del cierre de rutas en nuestro país.

La aerolínea low-cost explicó que le preocupa "enormemente el vigente régimen regulador español”, en el que numerosas administraciones públicas le están imponiendo multas "ilegales y arbitrarias sin que, en primer lugar, le ofrezcan la posibilidad de defenderse de estas acusaciones y, en segundo lugar, violando su derecho a la presunción de inocencia".

El presidente de Ryanair, Michael O'Leary, sentenció que "en ningún momento" solicita en la carta la retirada de las multas existentes.

En este sentido, O'Leary quiso aclarar que con este mensaje Ryanair sólo busca que “se garantice que la aerolínea no va a recibir más multas arbitrarias o ilegales”. La compañía, además, denunció que en muchos casos, no recibe la notificación de la presunta infracción y recordó que los tribunales han anulado las tres últimas sanciones impuestas al haber aceptado sus recursos de apelación.

La aerolínea con sede oficial en Irlanda recordó que "ninguna otra compañía" ha hecho una inversión "tan fuerte en el empleo o en el crecimiento del turismo español”.

Organizaciones en defensa de los derechos del consumidor criticaron el envío de esta misiva. FACUA la tachó de "chantaje" y recordó que esta aerolínea es la “compañía aérea más denunciada, con reclamaciones que superan el millón de euros”. OCU, por su parte, se manifestó en el mismo sentido y advirtió al Gobierno de que emprenderá “acciones judiciales en caso de que se ceda al chantaje”.