A primeros de abril, Iberdrola envió un escrito al juzgado de Bilbao solicitando la ejecución forzosa de las medidas cautelares dictadas contra EDF y exigía que si ésta no se producía debería sancionarse a la eléctrica gala con multas mensuales de entre 15,2 y 76,0 millones de euros.En marzo el juzgado bilbaíno dictó un auto en el que pedía aclaraciones sobre si EDF había iniciado o estaba preparando la compra de Iberdrola y si actuaba en solitario o con terceros.También solicitaba que la francesa clarificase si el objetivo de una eventual adquisición era 'en todo o en parte' el desmembramiento o reparto de los activos de Iberdrola, y si ha comprado o tiene intención de comprar una 'participación significativa' superior al 3% por sí sola o concertadamente en el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán