La inquietud política y práctica también se suman al debate. Mientras Paulson desea dirigir más fondos hacia las instituciones financieras, el Congreso tiene ideas propias, incluida la asistencia financiera para el sector automotor y para los dueños de viviendas en problemas, dos ideas a las que Paulson se ha resistido.
En su informe, la GAO señaló que el Tesoro no ha desarrollado aún una manera de asegurar que las firmas que reciben los fondos federales estén cumpliendo con los límites a dividendos o compensaciones a ejecutivos. Además, los funcionarios deben aún enfrentar problemas críticos,
como la forma de asegurar que la inyección de 250.000 millones de dólares al sistema bancario "esté logrando los objetivos buscados".
El informe sugirió que el Tesoro tiene poca capacidad de monitoreo sobre potenciales conflictos de intereses entre contratistas independientes que ayuden a implementar el programa. Como resultado, existe un "mayor riesgo de que los intereses del Gobierno y los contribuyentes no logren ser adecuadamente protegidos y que los objetivos del programa puedan no ser logrados de manera eficiente y efectiva".
Los problemas se deben en parte a la rápida implementación del TARP y a una falta de personal para el programa. El informe indica que alrededor de 48 empleados habían sido asignados al TARP al 21 de noviembre, sólo un cuarto de los 200 empleados a tiempo completo que la GAO señaló podrían requerirse para implementar en forma adecuada los esfuerzos de rescate.
