El fiscal neoyorquino investiga la entrega reciente de compensaciones millonarias a directivos y empleados de la subsidiaria financiera, que ha suscitado fuertes criticas por parte del presidente de Estados Unidos Barack Obama y de los legisladores, así como entre la ciudadanía.

Cuomo reveló que alrededor del 47 por ciento de la cantidad total o unos 80 millones de dólares, fueron concedidos a empleados estadounidenses.

El fiscal anunció la pasada semana que la aseguradora American International Group (AIG) había pagado bonificaciones de al menos un millón de dólares a 73 empleados, de los que once ya no trabajan en la empresa.

El fiscal exigió a la compañía que le entregase toda la información relativa a las compensaciones abonadas a individuos empleados en su problemática filial, que puso a la aseguradora al borde de la bancarrota y necesitada de fondos públicos con urgencia.

Cuomo constató que un individuo a quien no identificó obtuvo más de 6,4 millones de dólares en compensaciones y que los siete más premiados se llevaron más de 4 millones cada uno.

Veintidós directivos recibieron primas de al menos 2 millones de dólares y entre los once millonarios que ya no trabajan para la empresa, uno de ellos recibió 4,6 millones de dólares en bonificaciones, según la fiscalía.

"Han hecho lo que es correcto", manifestó Cuomo en un comunicado de prensa dirigiéndose a aquellos que devuelven las cantidades.

"Han hecho lo que este país necesita y exige en estos momentos", agregó Cuomo y les agradeció su decisión de devolver las bonificaciones y por "dar un ejemplo al resto de la compañía".

AIG alegó en su momento que no tenía más remedio que pagar esas sumas debido a los términos inalterables del plan que establecía las compensaciones.

El fiscal neoyorquino explicó que ha trabajado con AIG y sus empleados para determinar la situación de los 165 millones de dólares que se pagaron el pasado día 15, y afirmó que prosigue su investigación.

La aseguradora ha recibido ya más de 170.000 millones de dólares de las arcas públicas y está controlada en un 80 por ciento por el Gobierno.