El último Plan de Estabilidad presentado por el Gobierno sitúa el déficit público para este año en un 6 % del PIB, con un notable descenso si lo comparamos con el 9.2 % reportado en 2010. El ajuste es más brutal si consideramos que el objetivo es situar el déficit primario en un 3.8 % del PIB, frente a 7.3 % reportado un año atrás.

El grueso del ajuste del déficit (3.2 puntos para el total) corresponde al Estado (2.7 puntos). Pero se parte de un deterioro adicional de 0.2 puntos en los ayuntamientos, un ajuste marginal a la baja del déficit (3.3 % del PIB) para las comunidades y un superávit de 0.4 % del PIB en las cuentas de la Seguridad Social.

Con datos de los primeros cuatro meses, el déficit del Estado habría descendido más de un 50 % frente a los niveles del año pasado. Una cifra equivalente al 0.22 % del PIB. Un dato coherente con el objetivo fijado para el conjunto del ejercicio. De forma simultánea, con datos en este caso del primer trimestre, el déficit de las comunidades alcanzaría el 0.46 % del PIB. Partiendo de que son datos presupuestarios, por tanto no coincidentes con los datos de la contabilidad nacional, son el reflejo de importantes desviaciones entre las comunidades autónomas. Más de la mitad, acorde con los objetivos. El resto, con importantes desviaciones.

Estos datos unidos al cambio de gobierno en algunas comunidades ha alimentado la incertidumbre en el mercado sobre el potencial incumplimiento de los objetivos de déficit para este año. Debemos considerar, por otro lado, que las comunidades autónomas deberán devolver al Estado por segundo año consecutivo los ingresos por exceso recibidos en 2009. El saldo neto de transferencias será por tanto negativo, lo que aumenta la presión sobre las cuentas públicas territoriales. Sólo unos datos para ponernos en situación: las comunidades autónomas gestionan el 60 % del consumo público (sanidad y educación especialmente) y más del 36 % de la inversión pública.

Hablemos o no de desviaciones significativas, que en mi opinión en términos del PIB no lo son, lo cierto es que lo que teme realmente el mercado es la falta de control del gasto público. Y su atención no se centra especialmente en este año: el ajuste fiscal en 2012 podría ser igual de intenso en términos relativos, equivalentes a 2 puntos en el déficit primario total. La recuperación económica podría hacerlo más fácil. Pero mucho me temo que seguiremos hablando de un ejercicio aún titubeante con respecto al crecimiento de la economía española.

Puede parecer redundante pedir un acuerdo fiscal entre el gobierno central y los de las comunidades autónomas, también ayuntamientos, para cumplir con los objetivos propuestos de déficit. Y lo es mucho más por el compromiso alcanzado con los mercados. Lograr la credibilidad y confianza desde los mercados no es una tarea fácil; perderla, lamentablemente, sí lo es. Pagar primas de riesgo en el mercado por encima de dos puntos en el largo plazo frente al tipo de interés del bono alemán puede condicionar el ajuste de las cuentas públicas. Pero supone un impedimento claro para el crecimiento y la inversión en términos de precio y disponibilidad de fondos para el sector privado.