Cuando parecía que los cimientos encontraban algo de estabilidad, los ladrillos vuelven a tambalearse. Desde que estalló la burbuja inmobiliaria, el sector de la construcción no ha encontrado antídoto a su malestar, sólo las medidas de apoyo que promulgó el Estado sirvieron como sedante, pero la anestesia nunca es permanente y más si el que la inyecta cae enfermo. ¿A qué se enfrenta ahora el sector tras el plan de ajuste que cancela y retrasa proyectos por valor de casi 10.000 millones?
El recorte de obra pública que el ministro de Fomento, José Blanco, presentó hace algunas semanas en el Congreso, ha vuelto a hacer saltar las alarmas en el sector de la construcción. Y es que en juego están cerca de 10.000 millones de euros en contratos de obras públicas que se cancelan o retrasan. Una medida que no hace distinciones, afectará tanto a compañías grandes como a las más pequeñas, pero si algo tiene claro el sector es que esta medida no le saldrá gratis al Estado.
 
Muchas de las compañías afectadas ya se han puesto manos a la obra con el objetivo de iniciar los trámites para reclamar las indemnizaciones que les corresponden, millonarias en algunos casos. Según la ley de contratos del Estado, cuando la Administración no realiza el contrato el contratista tiene derecho a percibir el 6% del precio de las obras que se han parado o cancelado. Una ley que, de cumplirse, obligaría al Gobierno a pagar cerca de 120 millones de euros.
 
Sin que se haya llegado a ningún tipo de acuerdo por el momento, las compañías comienzan a analizar los daños que sufrirán. Acciona y FCC son las dos grandes constructoras que tienen más contratos entre los 32 que el Ministerio de Fomento prevé rescindir en virtud del ajuste de infraestructuras. No obstante, la anulación de proyectos de carreteras y ferrocarriles afecta así mismo a compañías como Ferrovial, ACS, Sacyr, OHL o San José.
 
Repercusión... ¿acusada?
 
En concreto, Acciona cuenta con cinco de los 32 contratos que suspenderá Fomento, proyectos que suman un total de 342,82 millones de euros. Por su parte, FCC tiene cuatro proyectos entre los anulados que suponen 286 millones de euros (tres de ellos son carreteras y uno de ferrocarril). Tampoco escapan Ferrovial y ACS. Ambas compañías cuentan con dos contratos que suman 79,8 para Ferrovial y de 266 millones de euros para ACS.
 
Lejos de dar la espalda al sector, los expertos dan un voto de confianza. La diversificación de negocio y por áreas geográficas son las razones de peso. “Si bien han sufrido por el parón de la construcción en España, la gran parte del sector son compañías muy internacionalizadas que ahora están baratos por lo que, cuando el mercado digiera los proyectos españoles parados, serán buenos valores para tener en cartera de aquí a final de año”, asegura Sara Pérez Frutos, directora general de Dracon Partners EAFI. Además, “la cancelación de las obras públicas no se notará tanto en las cuentas de las constructoras ya que la obra municipal sigue generando ingresos y se buscarán ofertas para que sus resultados no se vean dramáticamente tocados”, considera Juan Luís Vargas Zúñiga,  . Es por ello que esta experta cree que compañías como Ferrovial, ACS y Acciona pueden ser una buena opción. Una recomendación que reiteran los expertos de UBS quienes mantienen la recomendación de comprar aunque rebajan el precio objetivo de la compañía de los 100 euros a los 85 euros. Para Miguel Cedillo, gestor de Difbroker, “la cotización de Acciona sigue siendo bajista, cuenta con un soporte en la zona de los 65 euros que, si llega a perder, podría testear el nivel de los 60 euros”.