El Parlamento Europeo y los Gobiernos de los 27 ultiman un acuerdo para que la UE imponga multas de hasta el 0,2% del PIB, que en el caso de España supondrían 2.000 millones de euros, a los países con déficit y desequilibrios excesivos.

El nuevo sistema sancionador es uno de los pilares centrales de la respuesta a la crisis de deuda, pero su adopción, prevista para junio, se ha retrasado por el desacuerdo entre las instituciones.

El principal punto de discrepancia que impedía el compromiso es que la Eurocámara, que cuenta con el apoyo del Banco Central Europeo (BCE), exige que las multas sean casi automáticas. En contraste, los Veintisiete desean conservar un mayor margen de maniobra político antes de lanzar los procesos sancionadores a los países endeudados o poco competitivos.

La presidencia polaca ha presentado una propuesta de compromiso intermedia para contentar a la Eurocámara. Según ésta, los procedimientos sancionadores contra los Estados miembros que no respeten los objetivos de estabilidad presupuestaria se lanzarán de forma automática a propuesta de la Comisión, salvo que una mayoría simple de países se oponga.