La responsabilidad sobre los emplazamientos que se exploten para almacenar geológicamente dióxido de carbono (CO2) pasará al Estado al menos 20 años después de su cierre, según el borrador del Anteproyecto de Ley que transpone la directiva europea 2009/31/CE que desde hoy y hasta el 30 de septiembre se somete a información pública y que fue presentado en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.