Al término de este periodo, el Ejecutivo comunitario puede dar su luz verde a la operación si considera que no tiene un impacto negativo sobre la competencia o abrir una investigación en profundidad con una duración de 90 días si detecta problemas. Si Bruselas viera algún obstáculo a la competencia, las empresas podrían ofrecer desinversiones para resolver estas preocupaciones y garantizarse el visto bueno a la operación.No obstante, Iberdrola ya ha dejado claro que espera que la Comisión autorice la operación en primera fase y sin condiciones a mediados de febrero.