La Comisión Europea estudia si la obligación que el Gobierno ha impuesto a la eléctrica italiana Enel, como condición para levantar los límites a los derechos de voto en Endesa, de informar de su estrategia corporativa "en las decisiones que afecten a los intereses esenciales de seguridad pública en España" es compatible con la normativa de la UE, según informó el comisario de Energía, Andris Piebalgs, en una respuesta escrita al eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo.
En su pregunta, García-Margallo denunciaba que el ministro de Industria, Joan Clos, anticipó varias decisiones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) relacionadas con la oferta de Enel sobre Endesa y preguntaba al Ejecutivo comunitario si ello "es compatible con la independencia exigida a los reguladores del sector de la energía". En concreto, el eurodiputado del PP recordaba que Clos anunció la salida de Viesgo, filial de Endesa, de la lista de las principales compañías eléctricas, y el levantamiento de las restricciones de voto a Enel. García-Margallo interrogaba también a la Comisión sobre si comparte la opinión del grupo de reguladores europeos en el dominio de la electricidad y el gas sobre la falta de independencia del regulador español. Piebalgs responde que el Ejecutivo comunitario "no hace más comentarios sobre la posición expresada por el grupo de reguladores europeos en cuanto al control político al que estaría sometido el regulador español", pero recuerda que la independencia de los reguladores respecto a los Gobiernos es una "cuestión clave" y anuncia su intención de realizar propuestas para reforzarla en el próximo paquete legislativo sobre la electricidad y el gas que presentará este año. El comisario de Energía asegura estar informado de que la CNE retiró el 25 de abril a Viesgo de la lista de empresas dominantes y de que el Consejo de Ministros, a partir de la propuesta de la CNE, "condicionó el 27 de abril la adquisición del 25% de Endesa por parte de Enel a una obligación de informar al secretariado general de la energía de las decisiones y actos que afecten los intereses esenciales de la seguridad pública de España". "La Comisión examina la conformidad de esta decisión con la legislación comunitaria aplicable en la materia", concluye Piebalgs.