En cualquier caso, las entidades "tienen afán de colaborar con el Gobierno", afirmaron las citadas fuentes, que apuntaron que lo que más le preocupa al sector financiero es solucionar la situación actual y evitar enfrentamientos que no conducen a nada. Asimismo, diversas fuentes financieras coincidieron en señalar que han surgido algunas trabas burocráticas que han impedido a las entidades utilizar el respaldo del Tesoro en sus emisiones hasta el momento.
Por ejemplo, el organismo que capitanea Soledad Núñez no remitió hasta el lunes pasado, día 19 de enero, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNVM) el folleto que le exigió el supervisor como garante de las emisiones de las entidades que acudieron a las subastas, por lo que las entidades no han podido utilizarlos hasta la fecha.
Esto ha llevado a algunas entidades, como 'La Caixa' o BBVA, a salir al mercado sin recurrir al aval del Tesoro. "Mientras las entidades europeas resuelven la situación y comienzan a realizar emisiones, en España estamos parados", señalaron otras fuentes del mercado. Además, recordaron que las ayudas a la banca europea han sido "gratuitas y rápidas", mientras que en España no se han activado todavía y "cuestan dinero". En este sentido, desde el mercado se opina que las emisiones de las entidades financieras españolas "llegarán tarde", con un mercado que podría estar saturado, entre otros, por el propio Estado español, que ha incrementado sus emisiones y "en el fondo es un competidor".
Por otro lado, de los 150.000 millones que anunció "a bombo y platillo" el Ejecutivo (50.000 millones del FAAF y 100.000 millones en avales), han llegado a las entidades poco más de 13.300 millones de euros (2.115 millones en la primera subasta del FAAF; 7.224 millones en la segunda, y 4.000 millones en la tercera), menos del 9% de lo prometido.
Respecto a la moratoria de dos años a los parados en el pago de la mitad de su cuota hipotecaria, hasta un máximo de 500 euros mensuales, a partir del 1 de enero de 2009, las fuentes consultadas destacaron la "complejidad técnica" que supone esta medida, lo que ha retrasado su puesta en marcha. Además, manifestaron que son las entidades y no el Estado quienes asumen la mayor parte del riesgo de estas operaciones.
