Dado el contexto internacional, no hay mucho interés ni impacto en los mercados, un conflicto de intereses de unos 900 millones de euros entre dos países. La situación de 300.000 clientes británicos de IceSave y unos 90 administradores locales y entes públicos que acaparan esa cifra, se encuentran en el limbo de una decisión decidida por referéndum en el país de origen.


La solución a la quiebra de un banco Islandés en
Islas Británicas no es de fácil resolución dado que se dilatará en el tiempo lo suficiente para que ocurra otro caso similar. De momento el país ya se ha pronunciado en términos contrarios al pago de esa deuda.

Ha llegado un momento tras este tipo de eventualidades que deja de ser clara la responsabilidad de entidades financieros o estados, dado que, estamos entremezclando responsabilidades privadas y públicas.

Al entender de cualquier persona que aplique la lógica, el estado finlandés tiene responsabilidad solidaria para con sus bancos respecto a sus socios internacionales y será la opción más racional ante la desorbitada deuda que tiene en cartera.

Un ratio a tener en cuenta de Islandia, es su población y deuda, siendo estas cifras del orden de más de 300.000 habitantes y unos 62.000 millones de deuda (12 veces el tamaño de su economía). El impacto final sobre los ciudadanos de aquel país será repercutido de un modo u otro, antes o después.

La pregunta sigue siendo la misma que con el resto de tóxicos financieros, cómo se ha permitido que los reguladores, instituciones, calificadores y estados permitan una vorágine de crédito que desde que se creó se sabía que era la quimera del sistema.

Ahora nos toca escuchar medidas inverosímiles, como las de Gordon Brown, para salvaguardar los ahorros de sus compatriotas, “vamos recurrir a medidas antiterroristas para congelar los activos”. Claro está que, dicha afirmación vino precedida de una publicación de la Administración islandesa en la que afirmaba que no garantizarían los depósitos fuera de su país.

La responsabilidad debe de ser compartida ya que, invirtieron en la banca islandesa siguiendo los consejos del ministerio de Economía de llevar el dinero adonde diese mayor rentabilidad. Las cifras más altas corresponden al gobierno del condado de Kent, 50 millones de libras ayuntamiento de Nottingham, 42 millones, Brent, 27 millones de libras y el barrio londinense de Westminster, con 17 millones de libras.

Habrá que ver el impacto real y la decisión arbitral de este asunto porque sentará jurisprudencia.