El gobierno griego elevó la presión sobre sus acreedores al intentar asegurar un canje de deuda que reducirá su enorme agujero. Sin el acuerdo, al menos, del 75% de estos acreedores, el segundo rescate no tendría validez y el default estaría casi asegurado. 
Esta noche se agota el plazo para que los acredores privados decidan si participan en el intercambio de bonos en el que se basa un programa de rescate para ayudar a Grecia a gestionar sus afectadas finanzas y cumplir una devolución de deuda el 20 de marzo.

Mientras el mayor grupo de tenedores de bonos advirtió de que una suspensión de pagos desordenada causaría un daño de más de un billón de euros en la eurozona.

Varios de los tenedores de bonos más grandes han acordado su compromiso ya con el canje, pero una serie de fondos de pensiones griegos y algunos inversores extranjeros rechazaron la oferta, en la que los inversores perderán casi tres cuartas partes del valor de sus tenencias de deuda, reduciendo en casi 100.000 millones de euros la deuda griega.

La  Agencia de Gestión de Deuda (PDMA) indicó que, si obtiene apoyo suficiente, pretende hacer las pérdidas "vinculantes para todos los tenedores de estos bonos", y dijo que la oferta es el mejor acuerdo que van a recibir, haciéndose eco de las declaraciones que hizo el lunes a Reuters el ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos.

Si Grecia llega a la fecha de vencimiento de deuda del 20 de marzo sin un acuerdo y sucumbe a la suspensión de pagos, la debilidad podría contagiarse a otros focos y España e Italia están en el ojo del huracán. España e Italia podrían necesitar 350.000 millones de euros en ayuda externa para contener las consecuencias, según el IIF, mientras que el coste de ayudar a Irlanda y Portugal podría ascender a 380.000 millones de euros durante cinco años.

Además, según un estudio publicado por Reuters ayer, la banca europea necesitaría 160.000 millones más para capitalizarse en caso de default heleno.