A finales del pasado mes, el Banco de España asumió el control de Caja Castilla-La Mancha e inyectó en ella una línea de liquidez de 9.000 millones de euros, siendo éste el primer rescate de una entidad española en lo que va de crisis financiera. La operación obligó a convocar una reunión de urgencia del consejo de ministros para aprobar el uso de fondos públicos. Por ello, el Banco de España asesora ahora al Ministerio de Economía sobre la legislación para crear un nuevo fondo de rescate que estaría financiado, al menos en parte, con dinero de los contribuyentes.
No obstante, Fernández Ordóñez dijo que esta legislación probablemente no supondrá cambios en la estructura legal de las cajas de ahorros españolas, que se consideran más vulnerables a la crisis que los bancos cotizados.
En el pasado, el gobernador del Banco de España ha abogado por tomar medidas que reduzcan la influencia política en las cajas de ahorros, a menudo controladas por los gobiernos regionales. También ha indicado que necesitan nuevos instrumentos para obtener capital porque sus cuotas participativas no son atractivas para los inversores.
Sin embargo, Fernández Ordóñez señaló el martes que los asuntos de las cuotas participativas en las cajas de ahorro, los gobiernos regionales y los políticos deben hablarse con calma y por separado.
