El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha sancionado a Iberdrola Generación con 38,7 millones de euros por abuso de su posición de dominio en el mercado eléctrico durante diversos periodos de 2002 y 2003, informó hoy este organismo.
El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha sancionado a Iberdrola Generación con 38,7 millones de euros por abuso de su posición de dominio en el mercado eléctrico durante diversos periodos de 2002 y 2003, informó hoy este organismo. La conducta sancionada consistió, según la resolución del TDC, en ofertar precios que no pudieran casarse en el mercado diario de energía eléctrica para acceder a una situación de restricciones técnicas en la que Iberdrola fuera la única oferente. De acuerdo con el TDC, esta conducta tuvo lugar de forma continuada en la central de Castellón entre el 18 de diciembre de 2002 y el 27 de mayo de 2003, y en las centrales de Escombreras 4 y 5 durante el ejercicio 2003. Según la resolución, el interés de Iberdrola en esta práctica se debía a que la compañía podría conseguir mejores precios para su energía en el mercado de restricciones técnicas que en el mercado diario. Además, añade el TDC, la eléctrica estaba segura de que su energía sería requerida en el mercado de restricciones para cubrir la demanda de las zonas en las que se produjo la infracción, Castellón y Murcia, al ser la única oferente. El expediente contra Iberdrola se inició a raíz de la información remitida por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) al Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) el 26 de mayo de 2004. Tras analizar dicha información, el SDC decidió incoar un expediente sancionador el 3 de noviembre de 2004. Una vez oídas las partes, el TDC ha concluido que la actuación de Iberdrola contraviene el artículo 6 de la Ley de Defensa de la Competencia, por lo que le ha impuesto una multa de 38,7 millones de euros. Para fijar la cuantía de la sanción, el TDC ha tenido en cuenta la dimensión del mercado afectado (un territorio de más de seis millones de habitantes), la cuota de mercado de la empresa infractora (prácticamente monopolista), los efectos de la actuación (encarecimiento del precio de la energía), su duración (más de un año) y el beneficio obtenido por la compañía. La resolución del TDC pone fin a la vía administrativa, aunque contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde su notificación.