Concretamente, de las 54 medidas que formaban parte del documento del Gobierno, se han aprobado hoy 25 medidas, más una medida adicional relacionada con el sector aéreo, incluidas todas en el Decreto Ley, al que se añaden otros cuatro acuerdos económicos relacionados con los créditos del ICO y la creación de la Comisión de Industria, también acordadas en Zurbano. En total, 31 medidas a las que, además, habría que añadir otras cuatro aprobadas en el decreto del pasado 30 de marzo.

Según indicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se trata de medidas "para seguir avanzando en la recuperación económica" que han logrado un alto consenso. Preguntada por qué los grupos no se han hecho finalmente la 'foto' de Zurbano, De la Vega indicó que "lo más importante y relevante es que las medidas propuestas se han acordado y apoyado".

Por su parte, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, fue la encargada de desgranar las medidas más importantes, comenzando por las destinadas a impulsar la rehabilitación. Así, destacó la creación de una nueva deducción temporal en el IRPF por las obras de mejora en la vivienda habitual que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2012.

LA DEDUCCIÓN POR BENEFICIARÁ A RENTAS HASTA 53.000 EUROS.

Esta medida permitirá deducirse el 10% de las cantidades invertidas, con un límite máximo anual de 4.000 euros, a los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 33.007 euros, y se reducirá progresivamente hasta los 53.007,20 euros de base imponible, el 95% de los contribuyentes.

El límite durante todos los años de vigencia de la norma es de 12.000 euros por vivienda. Por otro, lado Salgado concretó que la deducción permitirá incorporar hasta el 33% del coste de los materiales.

Asimismo, se refirió a la aplicación de un tipo reducido de IVA para todo tipo de obras de renovación y reparación de vivienda realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012. En este punto, Salgado aseguró que "es más sostenible rehabilitar que construir nuevas viviendas".

CRÉDITOS DIRECTOS A TRAVÉS DEL ICO.

En el capítulo de estímulos a la actividad empresarial, Salgado destacó las cuatro iniciativas relacionadas con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que incluyen la concesión de créditos directos, con fecha efectiva anterior al 15 de junio, a autónomos y pymes en operaciones de financiación tanto de inversión como de liquidez, con un importe máximo de 200.000 euros, en las que asumirá un riesgo del 100% de la operación.

La capacidad de préstamo directo del ICO estará vigente este año y el siguiente, y los préstamos se realizarán en condiciones de mercado. Este nuevo programa será comercializado a través de una red financiera de ámbito nacional, seleccionada por concurso público.

Según Salgado, el ICO prevé poner en marcha esta línea antes del 15 de junio de 2010, teniendo como requisitos que las pymes aporten recursos propios hasta un 40% de proyecto y que acepten una cláusula de permanencia con la entidad de 10 años. Además, Salgado concretó que será una entidad financiera central la que concretará los criterios de valoración del riesgo.

Según enfatizó, el real decreto hace "expresa mención" a la imposibilidad por parte de las entidades colaboradoras de establecer condiciones adicionales en la concesión de los créditos, como la obligación de mantener cantidades líquidas o contratar otros productos.

Las otras medidas relativas al ICO acordadas hoy le instan a incrementar el volumen de reafianzamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca y a mejorar la Línea ICO-Liquidez, así como a incrementar, cuando proceda, el límite máximo del 5% del riesgo de crédito compartido al 50% con las entidades de crédito y a ampliar el apoyo financiero a promotores de viviendas de protección oficial cuando éstas se destinen a la venta.

MÁS AYUDAS A LAS PYMES.

En el campo de la reducción de cargas administrativas, el Decreto Ley exime a las pymes de tener que justificar las operaciones vinculadas hasta 100.000 euros, y obliga al Gobierno a presentar, en un plazo de tres meses, un Decreto para "simplificar" las operaciones de documentación para el resto de las empresas y operaciones.

Además, la vicepresidenta económica del Gobierno subrayó la reducción de un año a seis meses del plazo que tienen las pymes para recuperar el IVA en el caso de facturas impagadas, además de la simplicación de las vías de reclamación en estos caso.

Por otro lado, el decreto eleva el umbral de inembargabilidad establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos en que el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Este umbral se eleva en un 10% sobre el actual, fijado en el salario mínimo interprofesional (SMI), y se incrementa en un 20% adicional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni pensión.

Asimismo, se extiende a dos años la libertad de amortización para empresas que mantengan empleo y se establece un tipo superreducido de IVA del 4% para los servicios de atención a la dependencia prestados por empresas integradas dentro del sistema público de autonomía y atención a la dependencia a través de plazas concertadas.

Por otro lado, la norma incluye la exención en el IRPF, con un límite de 1.500 euros, de las cantidades satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la vivienda y el centro de trabajo en transporte público colectivo.

Por otro lado, el nuevo paquete de medidas incluye que la reforma de la Ley del Suelo para extender hasta el final de 2011 la posibilidad de aplicación de la legislación anterior en la valoración de suelos definidos como urbanizables, con el fin de dar un 'balón de oxígeno' al sector inmobiliario ante la "situación de dificultad" que padece. "Es una prórroga conveniente", aseguró Salgado.

IMPULSO DEL FROB.

Finalmente, el Real Decreto incorpora actuaciones en sectores estratégicos de la economía española, como el energético y el financiero. En el ámbito financiero, las modificaciones están orientadas a clarificar el régimen aplicable a los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) en aspectos relativos a su régimen de consolidación contable y de adhesión al Fondo de Garantía de Depósitos.

El objetivo es garantizar su seguridad jurídica, reducir "al máximo" los plazos y trámites asociados al funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para acelerar las reestructuraciones en el sector financiero, y a permitir que los fondos de titulización de activos se conviertan en titulares de los inmuebles, derechos y cantidades resultantes de los remates de los préstamos hipotecarios de los que son titulares como consecuencia de su titulización.

Según Salgado, estas medidas tratarán de "fortalecer" el sector financiero y garantizar que la reestructuración del sector se realiza con "seguridad y rapidez".