Vivimos una época económica convulsa que produce cambios radicales en los discursos políticos. Lo que antes era peligroso y se veía como la apertura de una peligrosa caja de Pandora, reformar la Carta Magna, ahora se puede hacer sin referéndum, sin apenas debate público y de forma inmediata (se pretende tener reformada la Constitución antes de las elecciones de noviembre).

No estamos hablando de reformar la institución de la Corona para que las mujeres no cedan ante los hombres el cargo regio, ni tampoco concretar la definición del complejo sistema de autonomías. El cambio se refiere a la política fiscal, estableciendo en la Constitución la obligatoriedad de limitar el déficit público en un determinado porcentaje del PIB.

Poco podemos decir de la regla concreta que se pretende introducir, ya que la letra pequeña no se ha hecho pública aún. Hay muchas posibilidades, desde la encorsetada norma alemana que prohíbe que la administración tenga un déficit superior al 0,35% año a año (con un periodo de adaptación a esta regla que finaliza en el 2020), a reglas más flexibles que permitan endeudamiento en tiempos de crisis y superávit en los momentos de bonanza.

La idea sería limitar el desfase entre ingresos y gastos públicos cuando hay crisis que requieren de fondos públicos (aumento del desempleo, inversiones públicas para reactivar el PIB, etc) y obligar a un superávit (se habla de porcentajes cercanos al 1%) cuando el ciclo económico es expansivo. No hace falta ser economista pare entender la idea, de una lógica aplastante: hay que ahorrar cuando el país genera ingresos y gastar de forma limitada cuando genera pérdidas.

La reforma constitucional, segunda en lo que tiene de historia el texto (la primera fue para permitir el voto de los ciudadanos comunitarios en los comicios municipales), no requiere de referéndum y exige una mayoría de tres quintos en Parlamento y Senado (art. 167 de la CE), que parece garantizada con el acuerdo de las principales fuerzas políticas.

Esta modificación presentada por el Gobierno, que hasta ahora se negaba en rotundo a llevar a cabo, sin duda viene "señalada" por la Unión Europea, probablemente como paso previo para garantizar que no se dejará caer a España de la integración monetaria.

La valoración de la norma dependerá de su letra y espíritu. Garantizar que el Estado ahorra en tiempos de crecimiento para gastar limitadamente en tiempos de crisis parece razonable. Pero el Diablo está en los detalles.