El Gobierno ha abierto todos los frentes de que dispone para hacer entender tanto a nivel interno -comunidades autónomas- y externo -en lo referido a Bruselas- que su objetivo de cumplir con el déficit anunciado del 5,8% es inamovible. Tras el anuncio por sorpresa de Mariano Rajoy en casa comunitaria, la Unión Europea ya ha lanzado sus amenazas, el Gobierno, su mensaje firme y las CCAA, su órdago correspondiente. 37.900 millones a recortar y De Guindos niega cualquier vía de escape: el ajuste se va a realizar “de manera equitativa”. 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que “el Gobierno aplica realismo” a la hora de adoptar las reformas estructurales que está realizando teniendo en cuenta que se parte de “un entorno que no es sencillo y de una inercia heredada muy desfavorable. Las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos meses muestran que vamos en la dirección correcta”.

La revisión sobre el crecimiento de nuestro país de más del 2% de crecimiento previsto para 2012, hasta el 1,7% de contracción que se calcula actualmente llevará a un ajuste de cara a este año del 3,5%, aunque el titular de Economía no ha querido dar cifras concretas sobre la necesidad o no de ampliar el ajuste necesario previsto en unos 25.000 millones de euros -sumados ya los 12.000 adicionales previstos según el tope de déficit anunciado por Mariano Rajoy la semana pasada en Bruselas. “No vamos a hablar de brotes verdes, sino que nos vamos a basar en datos reales”, ha dicho Luis de Guindos dentro del Encuentro Financiero Internacional Bankia 2012, que afirma que “el gobierno se encontró con una desviación de 25.000 millones de euros de déficit. Si no se hubiera producido esta desviación y se hubiera logrado el objetivo del 6%, todo hubiera sido más fácil este año.”

Lo cierto es que las cifras ya están sobre la mesa desde la semana pasada. Sin previo aviso ni a la prensa ni a las instituciones comunitarias, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en Bruselas tras el Consejo Europeo que el objetivo de déficit para nuestro país sería del 5,8% en 2012, frente a la pretensión comunitaria del 4,4%. Rajoy niega haber pactado con la Unión Europea el techo de déficit y confiesa que se trata de un porcentaje “lógico, razonable y sensato”.

De momento, “los mercados” se lo han tomado de forma “positiva” este anuncio realizado por el Gobierno, según De Guindos, aunque la incertidumbre podría volver en cualquier momento como sucediera el viernes cuando el spread español de deuda se colocó por primera vez, y en mucho tiempo, por encima del italiano. Lorenzo Bini Smagui, profesor del Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, recomienda a nuestro país seguir remando sola en la búsqueda de soluciones económicas. “España tiene soberanía sobre los problemas mientras pueda hacerlo sola. Si España no pudiera hacerlo -caso Grecia, Irlanda o Portugal-, en ese caso, tendría que someterse a condicionalidad” impuesta por la Unión Europea.

En este sentido, Bini Smagui recuerda que “los países tienen soberanía mientras que deciden” por ellos mismos “antes de ser forzados a actuar por el mercado”. Es necesario, según el economista, “mantener la competencia a nivel nacional a menos que se pueda hacer a nivel europeo”.

Con la plana mayor del Gobierno volcada en transmitir confianza y responsabilidad de cara a los inversores extranjeros, las comunidades autónomas libran su particular batalla contra el déficit. Lejos de agachar las orejas, ya hay voces que reclaman públicamente más manga ancha al Ejecutivo de cara a este 2012. El presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, y el de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, han reclamado al Gobierno que flexibilice su margen de maniobra aduciendo que son ellas, las comunidades autónomas, las que soportan un mayor peso del gasto público. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha recordado a los presidentes regionales que no “les conviene” precisamente reclamar un mayor porcentaje permitido de déficit porque supone “un flaco favor a su reputación ante los mercados e inversores”.


CCAA: propuesta de ajuste al 1,5%
Es el borrador con el que se presentará mañana el ministro Montoro ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las comunidades autónomas deberán hacer frente a un déficit del 1,5% de cara a 2012, lo que supone un recorte de unos 10.000 millones de euros respecto al año anterior cuando el déficit ascendió hasta el 2,9%.

De hecho, el Ejecutivo considera a las CCAA responsables en gran medida del desfase desde el 6% previsto inicialmente de déficit, al 8,51% con el que España cerró el año para disgusto de las autoridades comunitarias. Especialmente complicado será para Castilla-La Mancha con un déficit disparado del 7,3% sobre el PIB a cierre de 2011, Extremadura (4,59%) y Murcia (4,33%).

Las comunidades hasta ahora más contestatarias acabaron el pasado ejerecicio en el 3,72% en el caso de Cataluña y del 3,22% si hablamos de Andalucía. Tan sólo la Comunidad de Madrid cumplió con el objetivo inicialmente fijado al cerrar 2011 en el 1,13% de déficit.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura, además, que, a nivel europeo, “España ha firmado el pacto fiscal que obligará a que el máximo déficit fiscal que asuman los gobiernos no pueda superar el 0,5% del PIB. España, no solamente comparte este esfuerzo, sino que la Ley de Estabilidad Presupuestaria exigirá que en el año 2020 ninguna CCAA pueda incurrir en un déficit estructural.”

Consciente de que “los retos son enormes, De Guindos ha reconocido que nuestra economía “se adentra de nuevo en una recesión sin habernos recuperado de la anterior. Con unas CCAA con enormes dificultades de financiación. Esto está estrangulando al tejido empresarial español y suponen una rémora de la economía nacional en el exterior.”

En este sentido, el titular de Economía ha anunciado una serie de medidas de cara a aliviar la asfixia de las administraciones públicas como es el caso de una línea de financiación directa a las CCAA por parte del ICO para atender las deudas pendientes”, medida aprobada hace dos semanas, y “un mecanismo por importe de 35.000 millones de euros para el ppago a las autoridades locales, extensible a las comunidades autónomas” que se llevó el viernes pasado al Consejo de Ministros. La financiación contará con el aval del Tesoro Público.